Grave conmoción interna motiva nueva declaratoria del Gobierno de Ecuador
El presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado un nuevo estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, con una duración inicial de 60 días, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 76, firmado el 6 de agosto de 2025 desde la ciudad de Guayaquil. Esta medida se adopta en el contexto de una grave conmoción interna, provocada por el avance de la violencia criminal y el accionar de grupos armados organizados en la región.
Motivos del decreto: violencia desbordada y percepción de inseguridad
El decreto se fundamenta en el creciente índice de delitos, la intensificación del conflicto armado interno y el aumento de la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Daniel Noboa ha manifestado que estos factores representan un riesgo directo a la paz social, la seguridad interna y el Estado de derecho.
El documento señala la presencia activa de grupos armados organizados, responsables de actos violentos, extorsión, tráfico de drogas y armas, así como asesinatos selectivos y atentados en contra de la fuerza pública. Esta situación ha generado un escenario de alta peligrosidad para los habitantes de estas cuatro provincias costeras.
Suspensión de derechos constitucionales
Con la entrada en vigencia del estado de excepción, se establece la suspensión de dos derechos fundamentales en las provincias señaladas:
- La inviolabilidad del domicilio, lo cual permitirá que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realicen allanamientos, inspecciones y requisas sin orden judicial previa, en lugares donde se presume la operación de bandas delictivas.
- La inviolabilidad de la correspondencia, con el fin de autorizar a las fuerzas del orden a interceptar y analizar mensajes físicos y electrónicos, para ubicar a integrantes de grupos delictivos o redes de apoyo logístico.
Estas medidas tienen como objetivo reforzar el control estatal, frenar las acciones de los grupos ilegales y permitir operativos más eficientes para recuperar zonas afectadas por el crimen organizado.
Incremento alarmante de muertes violentas en Manabí y Los Ríos
Uno de los elementos clave que sustentan esta declaratoria es el alarmante incremento de muertes violentas, especialmente en las provincias de Manabí y Los Ríos. Según el decreto, en el caso de Manabí, se ha registrado un aumento del 239% en muertes violentas en el período comprendido entre el 11 de julio y el 3 de agosto de 2025, en comparación con el mismo lapso de 2024.
En Los Ríos, el incremento fue del 55% en el mismo período. Estos datos evidencian una escalada sin precedentes de violencia criminal, lo que justifica la urgencia de medidas extraordinarias para salvaguardar la vida de los ciudadanos.
Disminución de muertes en Guayas y El Oro no elimina el riesgo
Aunque se registra una reducción del 15% y 20% en las muertes violentas en Guayas y El Oro, respectivamente, el Gobierno aclara que la amenaza persiste y que estas provincias siguen siendo zonas estratégicas para el crimen organizado, debido a su posición geográfica y su relevancia económica.
El Ejecutivo insiste en que esta disminución no representa un descenso estructural de la violencia, sino una variación momentánea, producto de intervenciones anteriores que aún requieren consolidarse mediante acciones sostenidas y de mayor alcance.
Acciones inmediatas tras la declaratoria
Como parte de la aplicación del estado de excepción, el Gobierno implementará una serie de operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, enfocados en:
- Desarticulación de estructuras criminales.
- Decomiso de armas, drogas y bienes ilícitos.
- Control de cárceles y centros de detención donde se han identificado focos de poder criminal.
- Refuerzo del control de carreteras y puertos.
- Intervención en sectores urbanos tomados por pandillas.
Además, se habilitará un centro de mando unificado, con sede en Guayaquil, que coordinará la estrategia de seguridad y facilitará la comunicación entre las distintas entidades estatales.
Apoyo logístico y legal a las fuerzas del orden
El decreto también incluye disposiciones para reforzar el respaldo institucional y logístico a las fuerzas del orden. Se prevé el incremento de personal operativo, entrega de equipamiento táctico, recursos tecnológicos y fortalecimiento del sistema judicial para que actúe de manera oportuna frente a los delitos cometidos por los grupos armados organizados.
Asimismo, se busca generar un marco legal robusto que permita juzgar y sancionar con severidad a los responsables de actos de terrorismo, sicariato, tráfico de estupefacientes, lavado de activos y corrupción.
Reacción ciudadana y desafíos del estado de excepción
La ciudadanía ha manifestado opiniones divididas frente a esta nueva declaratoria. Mientras algunos sectores apoyan la medida como un paso necesario para recuperar la seguridad, otros expresan preocupación por posibles excesos durante los operativos, y demandan que se respeten los derechos humanos y el debido proceso.
Organizaciones civiles y observatorios de derechos humanos han llamado a establecer mecanismos de vigilancia y control independiente, para garantizar que las fuerzas del orden actúen dentro del marco de la legalidad y con respeto a la dignidad de las personas.
Panorama político y consolidación del liderazgo de Noboa
Este nuevo estado de excepción se produce en un contexto de fortalecimiento del liderazgo de Daniel Noboa, quien ha adoptado una postura firme frente al crimen organizado. La opinión pública ha valorado positivamente su decisión de enfrentar sin ambigüedades a las estructuras criminales, lo cual podría consolidar su imagen política y respaldo institucional.
Sin embargo, analistas políticos advierten que la aplicación de estas medidas debe ir acompañada de políticas de desarrollo social, generación de empleo, atención a jóvenes en situación de riesgo y programas de rehabilitación para territorios históricamente abandonados.
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