El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este martes 16 de junio un nuevo decreto de estado de excepción por “grave conmoción interna” en diez provincias y tres cantones del país. La medida tendrá una vigencia de 60 días y busca fortalecer las acciones de seguridad frente a las amenazas del crimen organizado y la violencia que afectan a varias zonas del territorio nacional.
La disposición abarca las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.
Entre las principales medidas contempladas en el decreto se encuentra la suspensión temporal del derecho a la inviolabilidad de domicilio, lo que permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos cuando existan indicios sobre la presencia de grupos armados organizados, armas, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización. El Gobierno sostiene que esta herramienta facilitará las operaciones contra estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.
Asimismo, se suspendió el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, con el objetivo de permitir la identificación, análisis y recopilación de información relacionada con los hechos que motivaron la declaratoria. Según el documento oficial, estas acciones deberán ejecutarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a las garantías constitucionales.
El decreto también dispone la participación de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional para mantener el orden público, prevenir actividades delictivas y reforzar la seguridad ciudadana en las jurisdicciones incluidas dentro de la medida extraordinaria.
Otro de los artículos autoriza la requisición temporal de bienes y servicios que resulten estrictamente necesarios para garantizar el desarrollo de las operaciones de seguridad durante la vigencia del estado de excepción.
La ejecución de la disposición estará a cargo del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto con otras instituciones competentes. Además, el Gobierno notificará oficialmente la decisión a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de medidas excepcionales.
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