El Gobierno de Daniel Noboa atraviesa uno de los momentos más críticos desde su llegada al poder. Con el paro indígena que ya cumple 23 días de bloqueos, protestas y enfrentamientos, la administración presidencial ha decidido actuar con mayor firmeza para restablecer el orden en la Sierra norte, especialmente en la provincia de Imbabura, donde la situación se ha tornado insostenible.
El Gobierno endurece su posición ante el paro indígena
En declaraciones a Ecuavisa, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, fue categórica:
“El paro debe acabarse hoy, esperamos que se acabe hoy y diría máximo mañana, pero no vamos a permitir que la situación se alargue a toda la semana”.
Estas palabras resumen la postura del Ejecutivo: no habrá marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel, una medida dispuesta mediante el Decreto Ejecutivo 126, emitido el 12 de septiembre de 2025.
La decisión ha generado malestar en comunidades indígenas y campesinas, que rechazan el incremento del precio del diésel a $2,80 por galón, lo que consideran un golpe directo al costo de vida y a la producción agrícola.
Operativo de las fuerzas del orden en Imbabura y la E35
Desde la madrugada del martes 14 de octubre, unidades combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador desplegaron un operativo estratégico en la carretera E35, una de las principales arterias del país. El objetivo es liberar los tramos bloqueados por manifestantes desde el 22 de septiembre.
Los bloqueos han afectado gravemente la conectividad entre las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, provocando escasez de productos, pérdidas económicas y dificultades en el transporte público y privado.
Fuentes oficiales confirman que el bloque de seguridad permanece concentrado en el sector de Otavalo, donde los manifestantes han mantenido sus posiciones pese a los llamados al diálogo.
23 días de paralización: causas, demandas y desgastes
El paro, convocado originalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), responde al incremento del precio del diésel y la eliminación de subsidios. Sin embargo, con el paso de los días, las exigencias han crecido, incluyendo:
- La derogatoria del decreto 126.
- La reducción del IVA del 12% al 10%.
- Mayor inversión estatal en salud, educación y agricultura comunitaria.
- La suspensión de concesiones mineras en territorios indígenas.
El diálogo entre el Gobierno y los dirigentes de la Conaie se ha visto bloqueado por la falta de acuerdos y desconfianza mutua. Según Rovira, “los encuentros han terminado en recriminaciones históricas y ampliación de exigencias, lo que demuestra que no hay una verdadera intención de negociar”.
Zaida Rovira: “Derogar el decreto no está en la mesa”
Durante la entrevista televisiva, la ministra fue enfática en que la derogatoria del Decreto 126 no se discutirá bajo ninguna circunstancia, ya que el Gobierno considera que mantener el subsidio significaría un alto costo fiscal insostenible para el país.
Sin embargo, el Ejecutivo afirma estar dispuesto a abrir mesas técnicas para debatir alternativas de compensación económica hacia los sectores más afectados.
“Estamos abiertos a conversar sobre otras necesidades de las comunidades, pero no sobre derogar el decreto”, reiteró Rovira.
Esta posición ha sido interpretada por los movimientos indígenas como un cierre total al diálogo, lo que ha aumentado la tensión social y política en el país.
Conaie acusa al Gobierno de represión y “operaciones encubiertas”
En un comunicado oficial difundido la mañana del martes 14 de octubre, la Conaie denunció que el Gobierno utilizó un “convoy humanitario” como fachada para una operación militar en la zona norte.
“El convoy, lejos de ser humanitario, fue una operación de guerra contra el pueblo, planificada desde el poder. Esta estrategia de falsa bandera busca criminalizar la resistencia indígena y deslegitimar las demandas del paro nacional”, sostiene el pronunciamiento publicado en sus redes sociales.
La organización acusa al presidente Noboa de haber optado por la represión en lugar del diálogo, y advierte que la movilización nacional podría ampliarse si continúan las intervenciones militares.
El impacto económico y social del paro
Los 23 días de movilizaciones han generado pérdidas millonarias en el comercio, el transporte y el turismo. Según estimaciones del sector productivo, las pérdidas diarias superan los 25 millones de dólares, afectando de forma especial a pequeños productores y transportistas.
En provincias como Imbabura, Tungurahua y Cotopaxi, los mercados locales operan con escasez de productos agrícolas y combustibles, mientras que las clases presenciales en escuelas rurales han sido suspendidas por razones de seguridad.
Además, la cadena de exportaciones de flores, lácteos y banano ha sufrido retrasos por los bloqueos, afectando la imagen del país ante socios comerciales internacionales.
Estrategia del Gobierno: orden, control y mensaje político
El presidente Daniel Noboa ha mantenido una línea de firmeza en medio de la crisis. Desde el Palacio de Carondelet, ha insistido en que el Estado no cederá ante presiones políticas ni chantajes sociales, y que su deber es garantizar la libre circulación y el derecho al trabajo de los ecuatorianos.
Fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que la estrategia gubernamental busca cerrar el conflicto antes del miércoles 15 de octubre, evitando que el paro se prolongue y escale en violencia.
La prioridad del Gobierno es restablecer el orden público en la Sierra norte, al tiempo que mantiene canales discretos de comunicación con ciertos sectores indígenas moderados, que podrían actuar como mediadores.
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