La audiencia del Caso Triple A, que investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue fijada para las 14:30 del 24 de diciembre de 2025, según la última providencia judicial emitida dentro del proceso. La diligencia está prevista para realizarse en el Tribunal de Garantías Penales Especializado con sede en Quito, aunque su instalación genera dudas debido a inconsistencias señaladas por la defensa del burgomaestre.
El abogado Ramiro García, representante legal de Álvarez, aseguró que no existe ninguna disposición que reforme la fecha ni la hora establecida, pero advirtió que el desarrollo de la audiencia es incierto por el reemplazo del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien —según indicó— aún se encontraría en funciones y cuya renuncia no habría sido aceptada oficialmente.
García señaló que desconoce si el juez Serrano comparecerá o no a la diligencia y sostuvo que esa respuesta corresponde exclusivamente al magistrado. No obstante, manifestó que no existiría impedimento legal para que participe de forma telemática, en caso de encontrarse fuera del país, como lo afirmó previamente el abogado Felipe Rodríguez.
La defensa calificó como una “infamia” la situación que atraviesa Serrano, al denunciar presuntas presiones para que emita decisiones favorables a intereses del narcotráfico. García sostuvo que el magistrado habría sido amenazado por un narcotraficante serbio, lo que explicaría su salida del país por motivos de seguridad personal. En ese contexto, afirmó que no se puede obligar a un juez amenazado a comparecer públicamente, exponiendo su vida.
En reemplazo de Serrano fue designada la jueza Consuelo Tapia, quien posteriormente fue recusada por Petroecuador. Ramiro García cuestionó esta recusación, calificándola de sorpresiva y carente de fundamentos jurídicos sólidos, lo que —según dijo— agrava la falta de claridad sobre la conformación del tribunal que conocerá la causa.
El abogado también confirmó que Aquiles Álvarez asistirá a la audiencia, independientemente de las inconsistencias señaladas. Además, informó que la defensa solicitó que la diligencia sea pública, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta formal, ya que las autoridades judiciales indicaron que primero deben definir la situación del tribunal.
El Caso Triple A involucra a 21 personas naturales y jurídicas, y se centra en una investigación por presunto delito relacionado con derivados de petróleo, uno de los procesos judiciales más relevantes y sensibles del actual escenario político y judicial ecuatoriano.
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