El CAL da paso al trámite legislativo para reforzar la seguridad interna del Ecuador
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), en su sesión del 1 de agosto de 2025, resolvió calificar a trámite el proyecto de ley que regula el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Esta decisión constituye un paso clave en el proceso legislativo que da seguimiento a los resultados de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024, donde la ciudadanía aprobó una serie de reformas constitucionales orientadas a fortalecer la seguridad interna del país.
Objetivo del proyecto: marco jurídico claro y efectivo
La iniciativa legislativa, que fue presentada el 22 de julio de 2025, tiene como propósito normar de manera precisa la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, en el marco de la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas a la paz ciudadana. Este proyecto de ley busca alinear la actuación militar con estándares constitucionales y de derechos humanos, garantizando que su intervención se mantenga dentro del marco del respeto a las libertades fundamentales.
Contexto político y respaldo popular
El respaldo a este proyecto emana directamente del mandato popular expresado en las urnas en 2024, donde la ciudadanía aprobó, entre otras reformas, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de seguridad interna sin necesidad de declarar estados de excepción. Esta decisión reflejó el hartazgo ciudadano frente a la inseguridad que ha golpeado con fuerza al país en los últimos años, especialmente en las zonas portuarias y urbanas más vulnerables.
Contenido del proyecto de ley aprobado para trámite
Entre los puntos más destacados del proyecto calificado por el CAL se encuentran:
- Determinación de competencias claras para las Fuerzas Armadas y su subordinación a los mandos civiles en el contexto de la seguridad interna.
- Establecimiento de protocolos conjuntos de actuación entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
- Capacitación obligatoria en derechos humanos para los elementos militares que participen en tareas de seguridad ciudadana.
- Creación de un sistema de control y supervisión del uso de la fuerza, con participación de organismos independientes.
- Temporalidad definida y justificada de las operaciones militares en zonas urbanas o rurales.
- Coordinación con organismos internacionales en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico.
Reacciones desde la Asamblea y el Gobierno
Varios asambleístas del oficialismo y la oposición han manifestado su apoyo al proyecto, coincidiendo en la necesidad urgente de dotar de herramientas legales claras al Ejecutivo y a las fuerzas del orden para hacer frente a la creciente ola de violencia. La presidenta de la Asamblea Nacional calificó el avance como «una respuesta directa a la voluntad del pueblo», mientras que desde el Ejecutivo se subrayó que esta ley permitirá «una acción más eficiente, articulada y con menos limitaciones burocráticas en la lucha contra el crimen».
Análisis constitucional y legal
Desde el punto de vista jurídico, este proyecto representa un instrumento clave para dar operatividad a la reforma constitucional aprobada vía referéndum. La Constitución del Ecuador, reformada en abril de 2024, abrió la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en tareas de seguridad interna sin necesidad de declarar un estado de excepción. Sin embargo, dicha reforma requiere una ley orgánica que regule los alcances, límites y condiciones de esa intervención, razón por la cual el proyecto en curso es vital para cerrar ese vacío normativo.
Expertos en derecho constitucional han señalado que, sin esta normativa, cualquier actuación de las Fuerzas Armadas fuera de sus competencias tradicionales podría ser cuestionada ante organismos judiciales nacionales e internacionales. Por ello, se insiste en que la nueva ley debe ser técnica, clara y garantista.
Desafíos en la implementación del nuevo marco legal
Uno de los principales desafíos que enfrentará esta ley será su implementación efectiva en el terreno. Para ello se requerirá:
- Reestructuración de protocolos operativos entre las dos fuerzas.
- Capacitación conjunta permanente para oficiales y tropa.
- Asignación de recursos económicos para nuevos equipos, tecnología y formación.
- Monitoreo ciudadano y parlamentario constante para evitar abusos o desviaciones.
Además, será necesario un acercamiento constante con la ciudadanía, especialmente en las zonas más golpeadas por la violencia, para explicar los alcances y beneficios de la cooperación militar-policial, minimizando así el riesgo de conflictos sociales o percepción de militarización excesiva.
Implicaciones para la seguridad y la paz ciudadana
De aprobarse en las siguientes etapas legislativas, esta ley podría convertirse en un parteaguas en la estrategia nacional de seguridad del Ecuador. Su correcta ejecución permitiría:
- Reducir de manera efectiva los niveles de criminalidad organizada, especialmente en las provincias de mayor riesgo.
- Fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
- Elevar el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas frente a amenazas no tradicionales.
- Consolidar una política de seguridad integral, que combine presencia estatal, acción social y justicia eficiente.
Próximos pasos del proceso legislativo
Tras la calificación a trámite, el proyecto de ley será remitido a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, donde se procederá con:
- Recepción de observaciones de distintos sectores sociales y políticos.
- Comparecencias de expertos, autoridades y sociedad civil.
- Elaboración del informe para primer debate.
- Discusión y aprobación en el pleno en dos instancias.
Este proceso podría tomar entre 30 y 90 días, dependiendo de la complejidad del análisis y la prioridad que le asigne la agenda legislativa. Sin embargo, dada la urgencia nacional en materia de seguridad, se espera que el trámite sea acelerado por consenso entre bancadas.
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