La Asamblea Nacional avanza en el análisis de un proyecto de ley que busca prohibir el acceso y uso de redes sociales a niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, como parte de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. La iniciativa tiene como objetivo proteger la dignidad, integridad, honor e imagen de los menores frente a los crecientes riesgos del entorno digital.
El proyecto fue presentado por la legisladora Katherine Pacheco, integrante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), y es tramitado por la Comisión de Niñez y Adolescencia. Las jornadas de socialización comenzaron el 24 de febrero con la participación de instituciones públicas y actores vinculados a la protección de derechos infantiles.
La reforma plantea añadir un párrafo al artículo 52 del Código de la Niñez, estableciendo la prohibición expresa del acceso y uso de redes sociales para menores de 15 años. Para efectos legales, se define como redes sociales a las plataformas digitales orientadas a la creación de cuentas personales, interacción social abierta, publicación de contenidos, mensajería privada masiva y establecimiento de conexiones públicas entre usuarios.
La normativa contempla excepciones específicas, entre ellas las plataformas digitales con fines exclusivamente educativos o aquellas que formen parte del currículo escolar. También se exceptúan las plataformas diseñadas especialmente para niños y adolescentes, siempre que cuenten con versiones seguras certificadas y mecanismos efectivos de control parental, que permitan regular privacidad, tiempos de uso y contenido accesible según la edad y madurez del menor.
En caso de incumplimiento, las empresas proveedoras de redes sociales enfrentarán multas de hasta el 5 % de su facturación local anual. Además, el proyecto establece un plazo de 18 meses para que las plataformas implementen sistemas robustos y verificables de control de edad, así como la suspensión o cancelación inmediata de cuentas de menores de 15 años.
El Ministerio de Educación, el MIES, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones deberán emitir lineamientos técnicos, protocolos de supervisión y estrategias de monitoreo para garantizar la aplicación efectiva de la reforma en instituciones educativas, centros de desarrollo infantil y programas de atención a menores.
Datos citados en el proyecto indican que el 70 % de niños y adolescentes en Ecuador utiliza redes sociales, lo que incrementa la exposición a riesgos como ciberacoso, suplantación de identidad y delitos sexuales en línea, evidenciando la necesidad de un marco legal más estricto de protección digital infantil.
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