La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 142 votos a favor y una abstención la resolución que dispone la comparecencia obligatoria, presencial e indelegable de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). La convocatoria establece un plazo máximo de ocho días, contados desde la resolución, para que el funcionario informe ante el pleno sobre presuntas irregularidades en actuaciones judiciales y otros temas vinculados directamente con sus competencias institucionales.
La decisión se adoptó en medio de un ambiente de creciente tensión política y preocupación ciudadana por la situación del sistema judicial, especialmente tras denuncias públicas relacionadas con presiones a magistrados, amenazas y falta de garantías de seguridad en casos sensibles.
Fiscalización y posible suspensión del receso legislativo
El pleno resolvió además que la comparecencia se realice incluso si es necesario suspender el receso legislativo, previsto entre el 22 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. De forma paralela, se dispuso el inicio de un proceso de fiscalización, que estará a cargo de la Comisión de Justicia, con el objetivo de investigar los hechos denunciados y los rumores que han circulado en los últimos días sobre la actuación del Consejo de la Judicatura.
El rol del juez Carlos Serrano en la polémica
Durante el debate, varios legisladores hicieron referencia al caso del juez Carlos Serrano, de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con el Crimen Organizado. Serrano presentó su renuncia argumentando riesgos y amenazas a su integridad, derivados de su participación en procesos relacionados con lavado de activos y narcotráfico, así como en el denominado caso Triple A, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Dicha renuncia no fue aceptada por el Consejo de la Judicatura.
El magistrado había alertado previamente sobre la falta de resguardo personal, luego de que su análisis de riesgo fuera recalificado a un nivel medio que, según la Judicatura, no justificaba protección adicional.
Posturas políticas y exigencias de transparencia
Asambleístas de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de que el país reciba respuestas claras y transparentes. Mientras algunos propusieron reducir el plazo de comparecencia a 48 horas, otros insistieron en respetar el debido proceso y el derecho a la defensa del presidente del CJ.
El debate evidenció un consenso mayoritario: la justicia ecuatoriana no puede estar sometida a presiones y el Parlamento debe ejercer un control firme para garantizar la independencia judicial y la seguridad de jueces que conocen causas de alto impacto nacional.
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