La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un proceso de fiscalización dirigido a investigar las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares realizadas desde agencias municipales de tránsito y que, según denuncias, habrían beneficiado a grupos de delincuencia organizada. La resolución, presentada por el asambleísta José Luis Nango, recibió el apoyo de 83 legisladores durante la sesión del pleno número 053, desarrollada el 2 de diciembre de 2025.
Nango señaló que en varias ciudades del país existen denuncias sobre matriculación irregular de vehículos, emisión de placas sin cumplir requisitos, manipulación de sistemas informáticos y trámites utilizados para legalizar autos de procedencia dudosa. Para el legislador, estos casos no son aislados, sino señales de que el crimen organizado ha logrado infiltrar instituciones municipales encargadas del tránsito. Aclaró que el objetivo del proceso no es atacar a todos los municipios, sino identificar responsabilidades.
Sin embargo, el debate se centró también en las competencias constitucionales de la Asamblea. Legisladores como Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, afirmaron que la Constitución no otorga al Parlamento la potestad de fiscalizar directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Serrano sostuvo que la facultad de control sobre los municipios recae en los propios consejos municipales y provinciales, y no en el Legislativo nacional. Sugirió, en cambio, remitir el caso a instituciones como la Fiscalía, Contraloría, UAFE y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Desde la bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional, los legisladores defendieron la importancia de iniciar este proceso. Para Adrián Castro e Isaac Solano, ignorar estas denuncias sería darle la espalda a la ciudadanía. Alejandro Lara recordó que un operativo realizado en Durán permitió incautar 22.000 especies de tránsito falsificadas, vinculando a 27 agencias municipales con la organización criminal ChoneKillers. También mencionó el asesinato del director de tecnologías de la ANT en Quito, un hecho que generó preocupación por el posible alcance de estas redes delictivas.
La bancada de la Revolución Ciudadana coincidió en que las irregularidades deben investigarse, pero insistió en que la Asamblea no puede extralimitarse. Para Juan Pablo Molina y Alejandro Vanegas, estas denuncias deben presentarse ante la Fiscalía, ya que permitir que la Asamblea fiscalice directamente a los GAD podría abrir la puerta a interpretaciones legales incorrectas.
Otros legisladores como Juan Gonzaga advirtieron sobre el riesgo de improvisar procesos de fiscalización sin una agenda clara. Señaló que cambiar constantemente el orden del día para atender nuevos casos podría proyectar una imagen de desorden institucional.
El tema adquirió relevancia nacional debido al impacto que estas matrículas ilegales tendrían en delitos como sicariato, extorsión y tráfico de vehículos robados. Las organizaciones criminales, al obtener documentos fraudulentos, podrían movilizar automotores sin ser detectados por los sistemas de control.
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