La Asamblea Nacional aprobó este 7 de julio la nueva Ley de Extradición con 139 votos favorables durante el segundo debate. La normativa actualiza el marco legal ecuatoriano para adecuarlo a la reforma constitucional aprobada mediante consulta popular en 2024, cuando la ciudadanía respaldó la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos en determinados casos.
El proyecto introduce cambios destinados a agilizar los procedimientos, establecer responsabilidades claras entre las instituciones del Estado y fortalecer la cooperación judicial internacional en la lucha contra delitos de alta gravedad.
Principales cambios que incorpora la nueva ley
Uno de los aspectos más relevantes de la legislación es la actualización de los procedimientos de extradición. La norma define con mayor precisión cuál será la autoridad encargada de tramitar estos procesos y establece mecanismos para reducir los tiempos de respuesta.
Entre las principales disposiciones se encuentran:
- Definición de la autoridad central encargada del procedimiento.
- Reducción de los tiempos de tramitación.
- Creación de una unidad técnica especializada para el análisis de cada caso.
- Suspensión de la prescripción de la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure el trámite de extradición.
- Regulación de la coordinación entre la Función Judicial y el Ejecutivo.
Papel de la Corte Nacional de Justicia
La ley establece que el presidente de la Corte Nacional de Justicia será la autoridad central en materia de extradiciones dentro del país.
Luego de la audiencia correspondiente, podrá determinar si la solicitud cumple los requisitos legales y emitir una resolución sobre la procedencia o improcedencia de la extradición.
Esta decisión constituye uno de los pasos fundamentales dentro del procedimiento judicial previsto en la nueva normativa.
Intervención del Presidente de la República
La legislación también mantiene un rol para el Presidente de la República dentro del proceso.
Aunque la Corte Nacional analiza la procedencia jurídica de cada caso, el Ejecutivo podrá pronunciarse sobre la entrega de la persona requerida considerando criterios relacionados con la soberanía nacional, el principio de reciprocidad, la seguridad del Estado, el orden público y otros intereses considerados esenciales.
Este punto fue uno de los temas que generó mayor discusión durante el segundo debate legislativo.
Cambios en la prisión preventiva
Otra modificación importante establece que el tiempo durante el cual una persona permanezca detenida en el extranjero mientras se tramita su extradición no será contabilizado dentro del plazo máximo de prisión preventiva previsto en Ecuador.
Con ello se busca evitar que los procesos internacionales afecten el desarrollo de las causas judiciales abiertas en territorio ecuatoriano.
Argumentos presentados durante el debate
Durante la sesión participaron representantes de distintas bancadas políticas.
Desde la Comisión de Justicia se señaló que la reforma permitirá contar con procedimientos más ágiles frente a delitos como el narcotráfico, el crimen organizado y otras infracciones graves de carácter transnacional.
Según lo expuesto durante el debate, la legislación anterior presentaba vacíos que podían extender los trámites de extradición durante varios años. Con la nueva normativa se pretende reducir significativamente esos tiempos mediante procedimientos más definidos.
Observaciones planteadas por diferentes bancadas
Durante la discusión también se presentaron observaciones relacionadas con algunos artículos del proyecto.
Entre ellas estuvieron las relacionadas con el alcance de las competencias del Ejecutivo dentro del procedimiento y la necesidad de precisar con mayor claridad la definición de delitos políticos para evitar interpretaciones jurídicas distintas en el futuro.
Los legisladores coincidieron en la importancia de actualizar la legislación vigente, aunque manifestaron diferentes posiciones respecto a algunos aspectos específicos del texto aprobado.
Protección de los derechos humanos
Durante el debate se destacó que la ley incorpora garantías orientadas al respeto de los derechos fundamentales.
La normativa contempla que no podrá concederse una extradición cuando existan riesgos de vulneración de derechos esenciales en el Estado requirente, conforme a los principios establecidos en los instrumentos internacionales aplicables.
Este aspecto busca mantener el equilibrio entre la cooperación judicial internacional y la protección de las garantías constitucionales.
Relación con la consulta popular de 2024
La aprobación de esta ley representa uno de los pasos posteriores a la consulta popular realizada en 2024, en la que la ciudadanía respaldó la extradición de ecuatorianos para determinados delitos.
Con esta legislación se desarrolla el procedimiento legal necesario para aplicar esa reforma constitucional dentro del sistema jurídico ecuatoriano.
Próximo paso de la ley
Tras su aprobación en la Asamblea Nacional, el proyecto será remitido al Ejecutivo para el trámite correspondiente. El Presidente de la República podrá sancionar la ley o presentar objeciones conforme al procedimiento previsto en la Constitución.
Una vez cumplidas esas etapas, la normativa entrará en vigencia conforme a lo establecido en la legislación ecuatoriana.
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