La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) con un respaldo unánime de 143 legisladores, un hecho poco común en el actual periodo legislativo. La votación reunió a asambleístas de distintas fuerzas políticas como Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik, Partido Social Cristiano (PSC) e independientes, evidenciando un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer los controles al comercio internacional de armamento.
El informe que sustentó la aprobación fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y se conoció durante la sesión plenaria n.º 058, realizada el miércoles 17 de diciembre de 2025. En el documento se destaca que el TCA es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que establece normas comunes para regular o reforzar la regulación existente sobre la transferencia de armas convencionales, con el objetivo de enfrentar el tráfico ilícito, el desvío de armas y la proliferación de armamento utilizado en conflictos, violencia armada y redes delictivas transnacionales.
El tratado está compuesto por 18 artículos que desarrollan un sistema integral de control. Entre sus principales disposiciones se encuentra la creación de mecanismos para regular la exportación de municiones, así como el control de partes y componentes de armas convencionales. Además, se establecen prohibiciones claras para los Estados parte cuando existan riesgos de uso indebido, y se implementan regulaciones específicas para la importación, el tránsito y el transbordo de armas.
El alcance del TCA comprende también el corretaje de armas y municiones, incorporando obligaciones relacionadas con la evaluación de riesgos, la trazabilidad y el reporte de información por parte de los Estados. Estas medidas buscan asegurar mayor transparencia y responsabilidad en las transferencias internacionales de armamento, reduciendo la posibilidad de que estas lleguen a destinos no autorizados.
El Tratado sobre el Comercio de Armas fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de abril de 2013. En el contexto ecuatoriano, en marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa remitió una copia certificada del tratado a la Corte Constitucional para iniciar el control de constitucionalidad. Posteriormente, en octubre, la Corte determinó que el tratado requería aprobación legislativa previa, lo que dio paso a su tratamiento en la Asamblea Nacional a partir de noviembre, hasta su aprobación definitiva por el Pleno.
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