La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 77 votos a favor la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, con la participación clave de los legisladores José Nango y José Nantipia, recientemente expulsados de Pachakutik. Esta ley urgente introduce cambios significativos en la administración del BIESS, especialmente en los fondos complementarios previsionales cerrados, generando tanto apoyo como controversia en el ámbito político y social.
Principales reformas del proyecto de ley
El proyecto busca que los fondos complementarios previsionales regresen a la administración de sus propietarios, actualmente manejados por el BIESS, que administra $310 millones de fondos de privados, sin representar directamente a los jubilados y generando pérdidas acumuladas.
Además, contempla la reestructuración de 13 fideicomisos inmobiliarios, que concentran $150 millones y que actualmente permanecen inmovilizados y sin generar rentabilidad ni empleo, lo que afecta directamente la eficiencia financiera y la confianza de los afiliados.
Posturas durante el debate
Diego Franco (ADN), presidente encargado de la Comisión de Desarrollo Económico, aseguró que la Asamblea debe decidir de qué lado está, enfatizando la protección de los recursos de los afiliados frente a intereses políticos o financieros. Franco sostuvo que la ley busca fortalecer la transparencia y eficiencia de la gestión del BIESS, no despojar a los jubilados de sus fondos.
En contraste, la legisladora Viviana Veloz (RC) calificó la ley como una privatización encubierta, señalando que busca transferir la cartera de créditos del BIESS a la banca privada, comprometiendo los recursos de los jubilados y trabajadores. Veloz anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad si la ley se aprueba.
Impacto económico y social de la ley
La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia tiene varias implicaciones:
- Financieras: permite recuperar fondos inmovilizados y optimizar fideicomisos, mejorando la eficiencia del sistema.
- Sociales: asegura que los recursos de jubilados y trabajadores sean administrados con transparencia y seguridad.
- Laborales: la activación de fideicomisos podría generar empleo y desarrollo local, destinando los recursos a proyectos productivos.
Controversia política y ética
La aprobación de la ley generó tensiones políticas, con acusaciones de traición a la ciudadanía. La legisladora Veloz cuestionó a los legisladores Nango, Nantipia y Cerda, expulsados de Pachakutik, preguntando si apoyarán al pueblo o a intereses privados. Este debate refleja la polarización política que rodea la gestión de recursos estratégicos.
Propuestas de reconciliación y medidas complementarias
Veloz también propuso al presidente Daniel Noboa un pacto de paz, unidad y reconciliación nacional, que incluya:
- Derogación del decreto que incrementó el precio del diésel.
- Dotación de medicamentos a hospitales.
- Mejora de la seguridad ciudadana.
- No aprobación de la ley bajo los términos actuales.
Estas medidas buscan equilibrar la agenda económica con la protección social, priorizando los intereses de la ciudadanía sobre compromisos financieros externos.
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