La Asamblea Nacional debatirá este lunes 8 de junio el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una propuesta que ha generado diferencias entre la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC).
El proyecto, aprobado previamente en la Comisión de Justicia, contempla cambios en varios delitos, entre ellos el secuestro, secuestro extorsivo, peculado, pertenencia a grupos subversivos armados, abigeato, aborto y coerción hacia electores. La iniciativa forma parte de las prioridades legislativas anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, para el segundo año de gestión.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque ADN, Esteban Torres, señaló que la propuesta reúne varias iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana y combatir nuevas modalidades delictivas. Según indicó, durante el debate en el pleno podrían incorporarse nuevas observaciones para mejorar el texto final.
Por su parte, el legislador Francisco Cevallos sostuvo que la delincuencia ha evolucionado y que la legislación debe adaptarse a las nuevas realidades. Destacó que actualmente existen delitos relacionados con medios digitales, tráfico ilegal de datos personales y actividades criminales coordinadas desde las cárceles, situaciones que requieren una respuesta legal más efectiva.
Entre los cambios planteados se incluyen medidas para fortalecer la lucha contra la extorsión, controlar el ingreso de armas, explosivos y drones a los centros penitenciarios, así como proteger actividades económicas como la pesca y la ganadería. Para ADN, estas reformas buscan cerrar vacíos legales y mejorar la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos.
Sin embargo, la Revolución Ciudadana mantiene una postura crítica frente al proyecto. La legisladora Gabriela Molina explicó que algunas modificaciones responden a disposiciones emitidas por la Corte Constitucional, especialmente en temas relacionados con el aborto por violación. También destacó que se propone desglosar el delito de peculado para identificar de manera más precisa sus diferentes modalidades.
Molina cuestionó que temas como la violencia vicaria y el feminicidio no hayan sido incluidos en el texto final. Además, advirtió que existe el riesgo de generar expectativas excesivas sobre el alcance real de estas reformas en materia de seguridad.
El legislador Christian Hernández también criticó la iniciativa, señalando que el aumento de penas y otras medidas adoptadas en años anteriores no han logrado reducir los niveles de inseguridad que enfrenta el país.
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