Durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela presentó una exigencia formal ante la ONU para la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes, según la denuncia oficial, fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas militares extranjeras. La intervención generó un fuerte impacto político y diplomático en el foro internacional.
El planteamiento fue realizado por el canciller Yvan Gil Pinto, quien calificó la detención como arbitraria e ilegal, señalando que ocurrió mientras Maduro se encontraba en el pleno ejercicio de sus funciones constitucionales. Desde la postura venezolana, este hecho constituye una grave violación al derecho internacional y a los principios de soberanía de los Estados.
En su discurso, Gil sostuvo que el operativo militar no solo quebrantó normas jurídicas fundamentales, sino que además provocó un saldo humano alarmante, con más de un centenar de personas fallecidas. Este punto fue enfatizado como un elemento central del reclamo, al considerar que los derechos humanos de la población civil también resultaron gravemente afectados durante la operación.
El Gobierno venezolano responsabilizó directamente a Estados Unidos, país al que acusó de ejecutar acciones unilaterales contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. En ese contexto, se exigió además el levantamiento total de las sanciones impuestas contra Venezuela, al considerarlas medidas coercitivas que profundizan la crisis social y económica.
No obstante, el canciller subrayó que Caracas ha abierto un canal diplomático con Washington para abordar las diferencias bilaterales. Según explicó, este diálogo se desarrolla sin subordinación, bajo el principio de igualdad soberana y con la convicción de que la negociación es el único mecanismo legítimo entre Estados.
Como muestra de buena voluntad, Venezuela destacó la reciente reanudación de la cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, decisión adoptada por el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez. Este paso, según se expuso, permite reabrir espacios de diálogo técnico y fortalecer la relación institucional con los organismos multilaterales.
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