El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de manera interina los poderes del presidente Nicolás Maduro, tras su arresto por parte de Estados Unidos en el marco de una ofensiva militar que incluyó bombardeos sobre Caracas y otras regiones del país. La decisión fue emitida por la Sala Constitucional, que calificó la ausencia del mandatario como una falta temporal.
Según el fallo, Rodríguez deberá asumir y ejercer todas las atribuciones, deberes y facultades del cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la nación. El tribunal fundamentó su resolución en la existencia de una agresión militar extranjera que habría tenido como objetivo el secuestro del presidente constitucional.
Nicolás Maduro fue trasladado a una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo presentados por autoridades estadounidenses. Su captura se produjo durante una operación militar de gran escala que, de acuerdo con la interpretación del TSJ, vulneró la soberanía venezolana y alteró el normal funcionamiento del Poder Ejecutivo.
La sentencia establece que la presidencia encargada tendrá una duración inicial de hasta 90 días, plazo que puede ser prorrogado por otros tres meses mediante decisión del Parlamento. Este marco legal busca evitar un vacío de poder y asegurar que las instituciones del Estado continúen operando con normalidad en un contexto de alta tensión política y diplomática.
El Tribunal Supremo precisó que, en caso de que la situación del mandatario derive en una falta absoluta, la Constitución obliga a convocar elecciones presidenciales en un plazo máximo de 30 días. Este escenario quedaría bajo supervisión de los órganos electorales y del Poder Legislativo.
La nueva Asamblea Nacional, electa en mayo pasado, iniciará funciones en medio de este panorama excepcional, con un rol clave en la definición de los próximos pasos institucionales. La designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada se presenta como una medida destinada a preservar la estabilidad del Estado, mantener la cadena de mando constitucional y responder a una coyuntura marcada por la confrontación internacional y la presión judicial externa.
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