Ruptura clave en la política de “Paz Total”
El presidente Gustavo Petro anunció el fin de las negociaciones de paz con una de las principales disidencias armadas del país, liderada por alias “Calarcá”. Esta decisión representa un golpe directo a la estrategia de “Paz Total”, iniciativa central de su gobierno que buscaba desmovilizar a todos los grupos armados ilegales en Colombia.
Desde 2023, el Ejecutivo mantenía diálogos con esta facción del Estado Mayor de Bloques, surgida tras la fragmentación de las FARC. Sin embargo, los avances fueron limitados debido a constantes incumplimientos por parte del grupo armado, lo que debilitó la confianza en el proceso.
Violencia persistente y economías ilegales
A pesar de las negociaciones, la organización continuó operando en zonas clave como la Amazonía y la frontera con Venezuela, donde mantiene actividades ilícitas. Entre sus principales fuentes de financiamiento destacan el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y la deforestación para expansión ganadera.
Además, se registraron ataques contra la fuerza pública y civiles, lo que generó presión sobre el gobierno para adoptar una postura más firme. Estos hechos evidenciaron que el diálogo no estaba logrando frenar la violencia, uno de los objetivos fundamentales del proceso.
Decisión oficial y mensaje del gobierno
Durante una reunión con su gabinete, el mandatario ordenó al consejero de paz, Otty Patiño, suspender las negociaciones. Petro fue enfático al señalar que la paz debe construirse sobre bases serias y no sobre incumplimientos.
Esta determinación también se da en un contexto complejo, donde otros procesos de diálogo con grupos armados han enfrentado rupturas o estancamientos. A pocos meses de finalizar su mandato, el panorama muestra escasas opciones para consolidar acuerdos duraderos.
Impacto en la seguridad y el panorama político
La ruptura con esta disidencia se suma a los fracasos en negociaciones con otras organizaciones como el ELN y estructuras vinculadas al narcotráfico. Analistas advierten que estos grupos han fortalecido su presencia territorial, aprovechando los espacios generados durante los diálogos.
En este escenario, la decisión del gobierno marca un cambio hacia una estrategia más rígida frente a actores armados que no cumplen compromisos, en medio de un conflicto que continúa afectando amplias regiones del país.
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