El Museo del Louvre enfrenta fuertes críticas tras la publicación de un informe del Tribunal de Cuentas francés, que denuncia graves deficiencias en el mantenimiento y la seguridad de sus instalaciones. El documento fue presentado pocas semanas después del robo de joyas imperiales ocurrido el 19 de octubre, lo que ha intensificado la presión sobre la dirección del museo y el Gobierno francés.
El informe sostiene que el Louvre “privilegió las operaciones visibles y atractivas en detrimento del mantenimiento y la renovación de los edificios y de las instalaciones técnicas, especialmente de seguridad”. Según los auditores, la falta de planificación estratégica y la mala priorización de recursos han llevado al museo a enfrentar un muro de inversiones que no puede financiar.
Entre 2018 y 2024, el museo habría destinado buena parte de su presupuesto a proyectos de exhibición y promoción, relegando las tareas de modernización tecnológica y conservación estructural. Esta negligencia, advierten, ha provocado una degradación acelerada del edificio y de los sistemas de seguridad, que ya no responden a los estándares necesarios para proteger su valioso patrimonio artístico.
El reciente robo puso en evidencia las consecuencias de esa falta de inversión. Cuatro delincuentes ingresaron a la galería de Apolo utilizando un montacargas y una sierra radial, y sustrajeron ocho joyas imperiales valoradas en más de 100 millones de dólares, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de zafiros de la reina María Amelia. Aunque cuatro sospechosos fueron arrestados, las joyas aún no han sido recuperadas, dejando en entredicho la eficacia de la seguridad del museo más visitado del mundo.
El Tribunal de Cuentas calificó de “indispensables” las inversiones necesarias para garantizar la sostenibilidad del Louvre, que en 2024 recibió nueve millones de visitantes, el 80 % de ellos extranjeros. Ante la gravedad de las observaciones, el presidente Emmanuel Macron anunció un plan de renovación estimado en 1.150 millones de euros, con 481 millones destinados a ejecutarse en los próximos diez años. Sin embargo, la propia corte considera que el monto sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de las necesidades detectadas.
La dirección del Louvre aseguró aceptar “la mayoría de las recomendaciones” planteadas por el Tribunal, aunque manifestó que el informe no reconoce varios esfuerzos recientes en materia de seguridad. Según la institución, ya se han implementado nuevos sistemas de videovigilancia y capacitación de personal, pero los expertos insisten en que se requiere una modernización profunda e integral.
El caso ha generado un amplio debate en Francia sobre la gestión del patrimonio cultural y la necesidad de inversiones sostenidas en infraestructura y seguridad. La situación del Louvre se convierte así en un recordatorio de que incluso las instituciones más prestigiosas deben adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos y de protección.
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