Estados Unidos acusa a Raúl Castro por muerte de aviadores
El Gobierno de Estados Unidos presentó cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996. La acusación incluye delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves civiles.
Según documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia, Castro habría ordenado la operación militar cuando se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. El incidente provocó la muerte de cuatro personas: Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.
La acusación fue presentada ante la corte federal del Distrito Sur de Florida y se conoció antes de una conferencia del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, realizada en Miami. El caso ha generado gran atención entre la comunidad cubano-estadounidense y sectores políticos que exigen mayores acciones contra el régimen cubano.
El derribo ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando las avionetas de Hermanos al Rescate realizaban misiones humanitarias relacionadas con la búsqueda y apoyo a balseros cubanos en el estrecho de Florida. El gobierno cubano sostuvo en ese momento que las aeronaves habían violado su espacio aéreo.
Sin embargo, investigaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyeron que el ataque ocurrió en aguas internacionales, lo que incrementó las críticas contra La Habana. Estados Unidos considera el hecho como uno de los episodios más graves en la historia reciente de las relaciones bilaterales con Cuba.
La acusación también involucra a otros militares cubanos presuntamente relacionados con la operación aérea. Las autoridades estadounidenses aún no han detallado cómo podrían ejecutar una eventual captura de Raúl Castro, quien actualmente tiene 94 años.
El caso surge en medio del endurecimiento de las políticas de Donald Trump contra Cuba. La administración estadounidense ha ampliado sanciones económicas, restricciones comerciales y medidas dirigidas al aparato militar cubano, aumentando la presión sobre el gobierno de la isla.
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