La crisis política de Madagascar ha alcanzado un punto de no retorno. En una jornada histórica, la Asamblea Nacional del país aprobó la destitución del presidente Andry Rajoelina, quien, horas antes, había huido a un “lugar seguro” en medio de un clima de inestabilidad, protestas masivas y una creciente insurrección militar. Este acontecimiento marca uno de los episodios más graves de la política malgache en las últimas dos décadas.
Una votación histórica en el Parlamento malgache
El pleno de la Asamblea Nacional de Madagascar, integrado por 163 legisladores, sesionó este martes pese al intento del presidente Rajoelina de disolver la Cámara Baja mediante un decreto presidencial. De los 131 diputados presentes, 130 votaron a favor de la destitución del mandatario, en una señal de rechazo casi unánime a su gestión y a su intento de mantenerse en el poder.
El vicepresidente de la Asamblea, Siteny Randrianasoloniaiko, declaró que el decreto emitido por Rajoelina “carece de validez legal”, argumentando la ausencia de sello oficial y firma presidencial en el documento. Según Randrianasoloniaiko, “la soberanía del pueblo prevalece sobre los decretos ilegales”.
Esta votación se realizó en un contexto de alta tensión, con las calles de Antananarivo, la capital, ocupadas por miles de manifestantes y con una unidad militar rebelde, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), tomando el control de instalaciones estratégicas.
Rajoelina huye y justifica su salida: “Lo hago para proteger mi vida”
En un mensaje transmitido la noche del lunes a través de la página oficial de la Presidencia en Facebook, el mandatario de 51 años confirmó su huida a un “lugar seguro”, alegando amenazas directas a su vida. Aunque no reveló su paradero, diversas fuentes diplomáticas y la emisora Radio Francia Internacional (RFI) informaron que abandonó el país a bordo de un avión militar francés el domingo anterior.
En su declaración, Rajoelina insistió en que su decisión buscaba “preservar la democracia y evitar un derramamiento de sangre”, aludiendo al deterioro del orden público y la fractura dentro de las fuerzas armadas. Horas antes, había firmado un decreto para disolver la Asamblea Nacional, buscando impedir la votación de su destitución, pero el documento fue considerado “nulo e inconstitucional” por el Legislativo.
La Presidencia denuncia un golpe de Estado
Desde el entorno presidencial, se ha calificado la destitución como un “golpe parlamentario impulsado por fuerzas militares sublevadas”. En un comunicado oficial, la Presidencia de Madagascar denunció que la sesión extraordinaria celebrada por la Asamblea “carece de fundamento jurídico y viola la Constitución”, advirtiendo que cualquier resolución derivada de dicha reunión es “nula y sin valor”.
Sin embargo, la narrativa del Ejecutivo no logró contener la crisis. En las calles, la población continuó manifestándose por cuarto día consecutivo, exigiendo no solo la renuncia definitiva del mandatario, sino también la formación de un gobierno de transición que encamine al país hacia elecciones libres.
El papel clave del CAPSAT: una unidad militar decisiva
El Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT) ha sido el actor militar determinante en esta crisis. El pasado sábado, la unidad anunció su desobediencia a las órdenes del alto mando y exhortó a otros cuerpos armados a no disparar contra los manifestantes.
Pocas horas después, vehículos blindados y tropas leales al CAPSAT se unieron a la multitud en Antananarivo, sellando la fractura dentro de las fuerzas armadas. Este cuerpo militar ya había desempeñado un papel similar en 2009, cuando participó activamente en el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Marc Ravalomanana, abriendo el camino para que Rajoelina asumiera el poder por primera vez.
El recuerdo de ese precedente y la creciente popularidad del CAPSAT entre los manifestantes han convertido a esta unidad en un símbolo de resistencia frente al poder presidencial. Hoy, su intervención ha inclinado la balanza política en favor del Parlamento y de los sectores civiles que exigen una nueva transición democrática.
De las quejas sociales a una rebelión nacional
Las protestas que desembocaron en la destitución de Rajoelina no surgieron inicialmente con tintes políticos. Las primeras movilizaciones comenzaron a finales de septiembre, motivadas por los recurrentes cortes de agua y electricidad, problemas que afectan a miles de hogares malgaches.
Sin embargo, las manifestaciones rápidamente se transformaron en un movimiento nacional. Grupos de jóvenes —especialmente de la Generación Z— comenzaron a exigir reformas estructurales, transparencia y la dimisión del presidente, a quien acusan de corrupción y autoritarismo.
Inspirados en movimientos juveniles de Kenia y Nepal, los manifestantes convirtieron las calles de Antananarivo en el epicentro de la mayor ola de protestas sociales en la historia reciente de Madagascar. Los intentos de diálogo convocados por el Gobierno fracasaron, y la represión policial solo intensificó el descontento popular.
Un país al borde del colapso institucional
La situación política actual ha sumido a Madagascar en una grave crisis institucional. Con el presidente fuera del país y el Parlamento dividido entre quienes exigen una transición inmediata y quienes piden un gobierno provisional, la incertidumbre domina el panorama político.
Organismos internacionales como la Unión Africana (UA) y las Naciones Unidas han expresado su preocupación, instando al respeto del orden constitucional y a un diálogo nacional inclusivo. La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) también ha solicitado la intervención diplomática inmediata para evitar un vacío de poder prolongado.
Económicamente, la crisis ya empieza a tener consecuencias graves: el ariary malgache ha sufrido una fuerte devaluación, el turismo está paralizado, y varios proyectos de inversión extranjera han sido suspendidos.
Analistas advierten que, sin una rápida resolución política, Madagascar podría entrar en un ciclo prolongado de inestabilidad, afectando su ya frágil economía y su imagen internacional.
Reacciones internacionales y perspectivas
Los principales aliados de Madagascar, entre ellos Francia y la Unión Europea, han expresado “preocupación y cautela” ante la situación. París negó oficialmente haber facilitado la salida de Rajoelina, aunque confirmó la presencia de un avión militar francés en el aeropuerto de Ivato el día de su huida.
Desde Washington, el Departamento de Estado estadounidense pidió el respeto a las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos de los manifestantes. Por su parte, la Unión Africana anunció la creación de una comisión de mediación para intentar estabilizar la situación política y garantizar un proceso electoral transparente.
Mientras tanto, los ciudadanos malgaches continúan en las calles, exigiendo que el poder retorne al pueblo y que se convoquen elecciones anticipadas supervisadas por observadores internacionales.
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