SANTIAGO, CHILE — En un nuevo operativo de control migratorio y seguridad pública, Chile ha expulsado a 37 ciudadanos extranjeros con destino a Ecuador, Bolivia y Colombia, según anunció el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) el domingo 27 de julio de 2025. Esta acción se enmarca dentro de un proceso continuo que ya acumula 672 deportaciones en lo que va del año, reflejando el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Política migratoria estricta: una respuesta ante el aumento de la criminalidad
En medio de una crisis de seguridad que se ha intensificado desde el año 2021, el gobierno chileno ha adoptado medidas más severas para enfrentar la criminalidad asociada a redes internacionales y personas extranjeras que infringen las leyes del país. Esta nueva expulsión masiva se presenta como una respuesta directa a la creciente presión ciudadana por recuperar el control del orden público y frenar los delitos violentos.
Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, afirmó:
“Tenemos el deber de hacer cumplir la ley y garantizar que quienes no respetan las normas respondan ante la institucionalidad y sean expulsados del país, especialmente en casos que representan un peligro para la seguridad”.
Delitos que motivaron las expulsiones: robo, amenazas y receptación
La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Prefectura de Migraciones y Policía Internacional, detalló que las personas deportadas tenían expulsiones vigentes, tanto por vías judiciales como administrativas. Según Polly Ureta, jefa de esta unidad, entre los delitos que motivaron las medidas están:
- Robo
- Receptación de bienes robados
- Amenazas a la seguridad ciudadana
- Delitos contra la propiedad
Estas acciones no solo representan un desafío a la legalidad chilena, sino que ponen en riesgo a la población y afectan la convivencia pacífica en las comunidades.
Destino de los deportados: Ecuador, Bolivia y Colombia
El grupo de 37 personas fue trasladado vía aérea a sus respectivos países de origen. La cooperación con las autoridades migratorias y policiales de Ecuador, Bolivia y Colombia ha sido clave para la ejecución de estos procesos. Chile ha solicitado a estos países mayor colaboración para frenar el flujo de individuos con antecedentes penales que ingresan a su territorio.
Este hecho refleja una tendencia creciente en la región, donde las fronteras han dejado de ser barreras para la criminalidad organizada, obligando a los Estados a adoptar políticas migratorias coordinadas y firmes.
Desde 2022, Boric endurece el control migratorio
Cuando Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo de 2022, uno de sus primeros compromisos fue revisar la política migratoria heredada de gobiernos anteriores. Aunque en un inicio su enfoque fue más humanitario, el aumento sostenido de la delincuencia lo llevó a reformular su postura y priorizar la seguridad pública.
Hoy, el gobierno mantiene una narrativa clara:
quienes delinquen en Chile no tienen cabida, y serán expulsados con celeridad y sin contemplaciones, respetando el marco legal vigente.
Seguridad y migración: un desafío binacional
Chile ha hecho llamados públicos a los países de origen de los deportados para que fortalezcan sus mecanismos de identificación, control fronterizo y antecedentes penales. La colaboración bilateral se torna fundamental en un contexto donde las redes delictivas cruzan fácilmente las fronteras, aprovechando los vacíos en los sistemas migratorios regionales.
Además, se ha iniciado un proceso de modernización tecnológica en los sistemas de control migratorio de Chile, con la finalidad de identificar más rápidamente a personas con órdenes de captura o antecedentes penales internacionales.
Reacciones ciudadanas: apoyo a las expulsiones y exigencia de más control
La opinión pública ha respaldado ampliamente estas medidas. Diversas encuestas muestran que más del 70% de los chilenos está de acuerdo con las deportaciones de extranjeros con historial delictivo. No obstante, también hay sectores que exigen una mayor vigilancia en los procesos de ingreso, especialmente en pasos fronterizos irregulares del norte del país.
Organizaciones sociales y de derechos humanos, por su parte, han pedido que las expulsiones se realicen con garantías legales adecuadas, respetando el derecho al debido proceso, pero sin obstruir el combate a la criminalidad.
Datos duros: expulsiones en cifras durante el 2025
Según el balance oficial del Sernamig:
- Total de deportaciones 2025 (hasta julio): 672 personas
- Países de origen más comunes: Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador
- Motivos más frecuentes de expulsión: delitos contra la propiedad, violencia, ingreso irregular con antecedentes judiciales
- Modalidades de expulsión: judicial (por sentencia) y administrativa (por infracción migratoria o antecedentes)
Operativos de fiscalización continúan a nivel nacional
Los departamentos de Migraciones y Policía Internacional de la PDI están desplegados en distintos puntos estratégicos del país, realizando operativos de fiscalización en terminales, aeropuertos, barrios con alta presencia migrante, y fronteras terrestres.
Esta labor constante ha permitido detectar a cientos de personas en situación irregular o con antecedentes judiciales, facilitando su expulsión legal en coordinación con el Poder Judicial y la Subsecretaría del Interior.
Mirada regional: otros países adoptan políticas similares
Chile no es el único país en Sudamérica que ha optado por endurecer sus medidas migratorias ante la ola de inseguridad. Perú, Ecuador y Argentina también han implementado leyes más estrictas para controlar el ingreso de personas con historial criminal, en respuesta a una percepción generalizada de que la criminalidad transnacional va en aumento.
Estos enfoques compartidos reflejan un cambio de paradigma: la seguridad nacional ha pasado a ser un eje central en las políticas migratorias del continente.
Hoy expulsamos del país a 37 personas con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador. ✈️
— Migraciones Chile (@MigracionesCL) July 27, 2025
En lo que va de 2025, hemos concretado 175 expulsiones judiciales y 497 administrativas, mediante vuelos chárter y vuelos comerciales regulares. pic.twitter.com/ARyRo2pgnL
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