El proceso electoral en Colombia vuelve a estar bajo preocupación tras la publicación de un informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), que advierte sobre posibles presiones de grupos armados ilegales en más de 1.000 puestos de votación del país de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
El estudio identificó 1.019 puestos de votación con comportamientos considerados atípicos, ubicados principalmente en regiones afectadas por violencia, narcotráfico y presencia de organizaciones criminales. Según el informe, estos lugares concentran más de 327.000 votos efectivos y cerca de medio millón de personas habilitadas para sufragar.
La investigación, denominada “Votar con miedo”, fue realizada junto a la Fundación Colombia 2050 y contó con el apoyo de más de 120 observadores desplegados en distintas zonas del país. El análisis sostiene que en varias regiones existen señales de coerción electoral, compra de votos y restricciones a la movilidad de ciudadanos vinculados a campañas políticas.
“El voto se captura antes de llegar a la urna”, afirmó el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, quien alertó sobre el temor que sienten muchas comunidades rurales donde los grupos armados mantienen control territorial.
Entre los departamentos señalados en el informe aparecen Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander, territorios históricamente golpeados por el conflicto armado. Allí se habrían registrado amenazas para exigir certificados electorales, controles ilegales de transporte y presencia intimidante de hombres armados cerca de centros de votación.
La polémica aumentó luego de la difusión de un audio atribuido inicialmente a disidencias de las FARC, en el que presuntamente se ordenaba votar por el candidato Iván Cepeda bajo amenazas económicas contra campesinos. Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que el audio correspondería a un caso de extorsión desde una cárcel y no tendría relación con estructuras guerrilleras.
El presidente Gustavo Petro también reaccionó al tema y pidió evitar campañas basadas en miedo y desinformación, defendiendo la importancia de mantener un debate democrático sustentado en argumentos y verdad.
El informe además destaca que la compra de votos dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en un mecanismo estructural en ciertas zonas del país. Los pagos por voto, según la investigación, oscilarían entre 20.000 y 500.000 pesos colombianos dependiendo de la región y la influencia política local.
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