Las autoridades españolas han detenido a 34 personas implicadas en una red de fraude documental vinculada al uso de documentos colombianos falsificados para ingresar de forma irregular a Europa. La operación, denominada Bachata, ha revelado una estructura criminal que operaba entre varios países de América Latina y Europa, facilitando la migración ilegal mediante identidades obtenidas de forma fraudulenta.
Según la investigación de la Policía Nacional de España, los implicados utilizaban cédulas de ciudadanía colombianas obtenidas mediante procedimientos ilícitos para posteriormente solicitar pasaportes válidos que les permitieran viajar sin visado al espacio Schengen. Este sistema les abría la puerta a países como Francia, Portugal y principalmente España, donde se concentraba la mayoría de los casos detectados.
Las redes criminales cobraban entre 5.000 y 10.000 euros por persona para gestionar la documentación fraudulenta. El proceso incluía el traslado inicial de los migrantes a Colombia, donde eran inscritos en el registro civil mediante métodos ilegales como el uso de identidades de terceros o testigos falsos. Una vez obtenida la documentación, los implicados continuaban su ruta migratoria hacia Brasil o Perú, desde donde tomaban vuelos comerciales hacia Europa.
La investigación comenzó en febrero de 2025 tras detectar patrones comunes en ciudadanos dominicanos que habían ingresado a España con documentos colombianos aparentemente legítimos. A partir de estas coincidencias, los agentes descubrieron la existencia de una red organizada que operaba de forma transnacional y altamente estructurada.
La operación contó con la colaboración internacional de unidades policiales en Colombia, lo que permitió identificar los puntos donde se realizaban las inscripciones fraudulentas. Posteriormente, se llevó a cabo un dispositivo simultáneo en 15 provincias españolas, logrando la detención de todos los implicados.
Las autoridades han destacado que este tipo de redes aprovechan vulnerabilidades en los sistemas de registro civil para crear identidades falsas con apariencia legal, lo que dificulta su detección en controles migratorios internacionales. El uso de documentos auténticos obtenidos de manera ilegal representa uno de los mayores desafíos actuales para la seguridad fronteriza en Europa.
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