La Asamblea Nacional continúa el debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una propuesta que busca regular el uso de las acciones constitucionales y delimitar las competencias de los jueces en Ecuador.
El proyecto pasó a segundo debate y contempla cambios en la acción de protección, habeas corpus y acción extraordinaria de protección. Además, establece nuevas reglas para evitar el uso indebido de garantías constitucionales en distintas jurisdicciones del país.
Uno de los principales cambios señala que las acciones de protección deberán presentarse en el lugar donde ocurrió el acto u omisión impugnada. Según el legislador Otto Vera, esta medida busca frenar prácticas abusivas de abogados que presentaban recursos similares en diferentes provincias para obtener fallos favorables.
La propuesta también modifica las causales de inadmisión de la acción de protección. Entre ellas, se establece que no procederán acciones contra actos normativos de carácter general emitidos por autoridades del Estado. Asimismo, se plantea que estas acciones no puedan utilizarse para obligar al Gobierno a crear políticas públicas o programas estatales.
Desde la bancada oficialista, Andrés Castillo señaló que las reformas pretenden corregir el abuso de recursos constitucionales y fortalecer la creación de juzgados especializados en materia constitucional, aprobados previamente en consulta popular.
Por otro lado, el legislador Luis Molina cuestionó el proyecto y alertó que las modificaciones podrían limitar el acceso a la acción de protección y abrir investigaciones contra accionantes y abogados.
Otro aspecto importante de la reforma es el establecimiento de un plazo de 45 días para que la Corte Constitucional resuelva consultas de norma, con el objetivo de garantizar mayor celeridad y seguridad jurídica.
En cuanto al habeas corpus, la propuesta define nuevas reglas de competencia y dispone que las audiencias se desarrollen dentro de las 24 horas posteriores a la presentación de la acción. También se establece que los jueces deberán emitir sentencia de forma inmediata y notificar por escrito en un plazo máximo de 24 horas.
El proyecto además incorpora disposiciones sobre la modulación de sentencias y la revisión de fallos constitucionales, buscando evitar reparaciones desproporcionadas o decisiones que desnaturalicen las garantías jurisdiccionales.
