Autor: Ricardo Rodriguez

Con 17 binomios es evidente que en Ecuador no faltan políticos aspirantes a dirigir al país.
Lo que hace falta es conocer si tienen verdaderos programas de Gobierno para solucionar los problemas coyunturales y sobre todos las deficiencias estructurales administrativas y económicas que enfrenta el país con un modelo exageradamente estatista.

La violencia, el desempleo y el estiaje que en el 2024 se adelantó a agosto son problemas que requieren soluciones estructurales para permitir la inversión privada con garantías de seguridad jurídica.
El Presupuesto General del Estado (PGE) lleva 10 años desde el 2014 con permanentes déficits y con necesidad de endeudamiento para mantener la estructura del Estado y sus gastos.

En la campaña electoral los 17 binomios deberán responder cómo van a administrar el país con un presupuesto, por ejemplo el de 2024, que asciende a USD 35.536 millones, valor superior en 8,7% respecto al presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2023, con ingresos totales que apenas llegan a USD 24.039 millones, de los cuales USD 19.928 millones corresponden a ingresos permanentes, como los ingresos tributarios.

Mientras los gastos suman USD 28.848 millones, a pesar de una inversión limitada en educación, salud e infraestructura que significa un crecimiento del 16%, USD 4.000 millones adicionales sobre el 2023. De esta manera, se calcula un déficit fiscal de USD 4.810 millones (3,95% del PIB) y necesidades de financiamiento por USD 11.462 millones.

La conformación de los 17 binomios son una clara muestra de la debilidad de los partidos y movimientos políticos que no cuentan con miembros de sus propias filas, por lo que han debido invitar a ciudadanos conocidos y desconocidos, pero que no son siquiera miembros de dichas organizaciones políticas. A lo que se debe sumar algunos que primero lanzaron su candidatura y luego encontraron un movimiento o partido que los auspicie, lo que demuestra que existe el alquiler de estas organizaciones.

Esto sin considerar que en su mayoría no fueron electos en las asambleas, sino por las directivas. Ubicando así a las elecciones primarias nada más en un formalismo. A lo que se le debe sumar, que algunos de esos 17 binomios son únicamente una especie de globos de ensayo, porque tienen plazo hasta el 30 de agosto, para retirar sus candidaturas por las alianzas. Es decir, la democracia interna como un sainete políticos y nada más.

Sólo el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Unidad Popular (PUP) propusieron binomios presidenciales de sus propias filas. Mientras que los restantes 15 por lo menos 24 candidatos entre presidentes y vicepresidentes no pertenecen a sus filas, según el diario El Universo. Tratándose incluso de los que tienen mayor apoyo como Revolución Ciudadana (RC), Acción Democrática Nacional (ADN), Renovación Total (RETO) y Pachakutik (PK) nominaron precandidatos propios en la dignidad de presidente de la República, en tanto que los compañeros de fórmula son invitados.

Y si revisamos las listas de aspirantes a la Asamblea Nacional (AN) será por excepción que aparezcan nombres de quienes tienen alguna relación política con las agrupaciones, en su mayoría hacen número por ser conocidos en sus cantones o parroquias, pero que no aseguran llegar a la AN con la idea de legislar y fiscalizar pensando en el país.

El Código de la Democracia vigente no es una garantía de democracia en realidad.

EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024
Por: Washington Delgado L.

#Ecuador #CNE #elecciones2025 #ADN #Correísmo #PSP #AsambleaNacional

La mañana del 18 de agosto de 2024, hubo un hallazgo terrible: una pareja de esposos fue asesinada y luego enterrada en su propia finca. Sucedió en la parroquia San Plácido, del cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

Las víctimas son el hermano del viceprefecto de Esmeraldas, Héctor Enrique Zambrano Loor, de 75 años de edad, y la reconocida abogada mantense Gabriela Echeverría Macías, de 43 años. Según el parte policial, hay tres detenidos.

Cronología:

Tras una denuncia por desaparición, la Policía inició las diligencias.

Los uniformados llegan a la finca de la pareja y toman contacto con un joven de 23 años, el cual les indica que las víctimas estaban secuestradas en El Empalme (Guayas).

Los agentes, se movilizan al Guayas, toman contacto con otros dos jóvenes de 21 y 23 años, quienes le confiesan que asesinaron a los propietarios de la propiedad.

Finalmente, tras una búsqueda en la finca logran ubicar a los cuerpos el 18 de agosto de 2024.

#Portoviejo #Manabí #Manta #ElEmpalme #esmeraldas #macabro

Verónica Abad se enfrenta a Daniel Noboa presentando una denuncia electoral en su contra y tres de sus colaboradores por violencia política, pero revisando la Constitución y la ley electoral, algo no cuadra y por lo menos da la impresión de estar mal asesorada.

Porque la denuncia central es por haber «mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado» y solicita aplicar el artículo 270 del Código de la Democracia por violencia política, y que se los obligue a pagar una multa de 70 salarios y la suspensión de derechos de participación por cuatro años.

De acuerdo a la Constitución si el Presidente no lo dispone, a la vicepresidenta no lo corresponde participar en las decisiones políticas del Estado. Porque el artículo 149 de la Constitución en su segundo párrafo dice de manera escueta: «La Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando no reemplace a la Presidenta o Presidente de la República, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne».

Así, si el presidente bien o mal, le asignó la función de mediar en la paz entre Israel y Palestina, está dentro de sus facultades y no la está marginando de las decisiones políticas del Estado si no le asigna esa responsabilidad. Respecto a la pena que solicita se ampara en la infracción electoral muy grave contemplada en el artículo 270 del Código de la Democracia.

Pero leyendo atentamente este artículo no aplicaría o no correspondería el supuesto delito denunciado. Porque el artículo 270 del Código de la Democracia dice.- «La acción de queja es el procedimiento que permite a los ciudadanos solicitar se sancione a los servidores electorales cuando sus derechos subjetivos se consideren perjudicados por actuaciones o falta de respuesta o por incumplimiento de la ley o de sus funciones».

Obviamente, ni el presidente ni sus colaboradores son servidores electorales, por lo que no corresponde. Aparte de que la misma Constitución dispone los causales por los que un Presidente de la República puede ser cesado en sus funciones, y ninguna de ellas dice expresamente por «violencia política».

De tal manera que la Vicepresidenta ha pasado de ser «piedra en el zapato» a ser la principal cuestionadora, aunque sin argumentos de peso legal, de quien la llevó a la Vicepresidencia de la República y quien por desavenencias, nunca bien explicadas, al día siguiente de su posesión, el 24 de noviembre de 2023, la envió a Israel para mediar en el conflicto Israel y Palestina y este 8 de agosto la traslada a Turquía por razones de seguridad.

No obstante, como en nuestro país se cuece granizo, como dicen los abuelos, esperemos en qué queda este tema.

EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024

Por: Washington Delgado L.

#DanielNoboa #VerónicaAbad #golpedeEstado #Ecuador #violenciapolítica