Un Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo sentenció a 40 años de cárcel a tres implicados en el asesinato de la niña Dana Ramos, quien fue hallada sin vida en una cisterna de la casa de sus abuelos paternos en Riobamba.
La niña de 8 años desapareció el 1 de febrero de 2024, tras salir a una tienda en el barrio El Porvenir. Ese día, los padres de la pequeña recibieron mensajes y correos electrónicos, en los cuales exigían el pago de 25.000 dólares para su liberación.
Sin embargo, tras las investigaciones de la Fiscalía, se halló indicios que vinculaban a Mauro R. (padre de la niña), Evelyn B. (prima de la víctima) y su esposo Rafael L., como presuntos responsables del delito.
No obstante, las investigaciones determinaron que detrás del secuestro estaba su propio padre, quien era policía, la prima, que está embarazada, y su esposo, quien era militar.
En su declaración ante las autoridades, Evelyn relató que su tío planificó el secuestro para obligar a la madre de la niña a cobrar una póliza de seguros, puesto que el sujeto tenía una deuda que debía cancelar con urgencia.
La audiencia de juicio se llevó a cabo por cuatro días. El fiscal del caso presentó una acusación detallada, individualizando la participación de cada procesado en los hechos.
El Ministerio Público exhibió pruebas documentales y testimoniales que vinculan a estas tres personas con el crimen. Por ejemplo, el perito que practicó la autopsia médico-legal concluyó que la muerte de la niña fue causada por asfixia por sofocación y obstrucción de las vías respiratorias.
Con ese y otros elementos, el Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo dictó sentencia contra los tres imputados y los declaró culpables del delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de la niña Dana Ramos.
Los magistrados determinaron que Evelyn B., Mauro R. y Rafael L. deberán cumplir con una pena privativa de libertad de 40 años, como autora directa, autor mediato y coautor de este delito, respectivamente.
Además, ordenaron a los sentenciados pagar una multa de 1.500 salarios básicos unificados y 20.000 dólares como reparación integral a favor de la madre de la víctima.
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