La seguridad hospitalaria en Machala se ha visto sacudida tras la reciente captura de dos guardias de seguridad y un joven, presuntamente involucrados en una red de extorsión a médicos. Este caso, revelado por la Policía Nacional y la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE), expone un modus operandi cuidadosamente ejecutado desde dentro de los centros de salud, con el objetivo de intimidar y obtener dinero de profesionales de la salud.
Detalles de la operación policial en Machala
La intervención se llevó a cabo la tarde del martes 12 de agosto, en un operativo coordinado entre la UNASE y la Fiscalía General del Estado. Los detenidos fueron identificados como:
- Kerly V., 29 años
- Karla V., 32 años
- Justin A., 19 años
Según el parte policial, ninguno de ellos contaba con antecedentes penales. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que serían responsables de una serie de actos de extorsión perpetrados contra médicos que laboran en el hospital Teófilo Dávila y el centro de salud Velasco Ibarra.
El papel de las guardias en la red de extorsión
Las pesquisas revelan que las dos mujeres trabajaban como guardias de seguridad en las mencionadas instituciones médicas. Desde sus puestos, no solo controlaban el acceso y la seguridad, sino que aprovechaban su posición para vigilar, seguir y fotografiar a médicos de distintas especialidades.
Con esta información en mano, iniciaban un proceso de intimidación sistemática: los profesionales recibían mensajes amenazantes en los que se les exigía el pago de 5.000 dólares a cambio de “protección” y para evitar daños a su integridad o a la de sus familias.
Modus operandi: vigilancia y amenazas directas
El modus operandi consistía en identificar a las víctimas, recolectar información personal y profesional, y posteriormente contactarlas mediante canales de mensajería. En los mensajes, los extorsionadores detallaban rutinas, lugares que frecuentaban y hasta datos sobre sus familias, incrementando el nivel de temor.
En la mayoría de los casos, la comunicación incluía fotografías de los médicos en sus desplazamientos, tomadas sin su consentimiento, para reforzar la veracidad de la amenaza. Esta táctica buscaba que las víctimas creyeran estar bajo constante vigilancia.
La investigación que destapó el caso
La denuncia inicial provino de un médico del hospital Teófilo Dávila, quien notó que sus movimientos eran seguidos y decidió alertar a las autoridades. A partir de allí, la UNASE inició una investigación encubierta que incluyó:
- Seguimiento a los sospechosos dentro y fuera de los hospitales.
- Análisis de registros telefónicos y mensajes enviados a las víctimas.
- Revisión de cámaras de seguridad internas y externas de los centros de salud.
Gracias a estos procedimientos, se logró identificar la participación activa de las dos guardias y del joven detenido, quien presuntamente servía de intermediario para el cobro del dinero.
Impacto en el personal médico de Machala
El caso ha generado un clima de preocupación entre médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud en Machala. Profesionales que antes se sentían seguros dentro de sus lugares de trabajo ahora exigen refuerzos en los protocolos de seguridad y una revisión exhaustiva de los procesos de contratación de personal de vigilancia.
La Asociación Médica de El Oro ha solicitado a las autoridades que se garantice la seguridad del gremio, dado que las amenazas no solo ponen en riesgo la integridad de los profesionales, sino que también afectan la calidad de atención a los pacientes.
Declaraciones oficiales de la Policía Nacional
En rueda de prensa, representantes de la Policía Nacional señalaron que este caso representa un ataque directo a la tranquilidad y seguridad del personal sanitario. La institución se comprometió a reforzar el patrullaje en zonas aledañas a hospitales y centros de salud, y a colaborar estrechamente con las autoridades judiciales para que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
Asimismo, recordaron a la ciudadanía que cualquier intento de extorsión debe ser denunciado de inmediato, evitando el pago de sumas de dinero que solo fortalecen estas redes criminales.
El proceso judicial y las penas por extorsión
Los tres detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, que inició el proceso penal correspondiente. En Ecuador, el delito de extorsión está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y puede acarrear penas privativas de libertad de cinco a siete años, dependiendo de la gravedad de los hechos y de si existió asociación ilícita.
En este caso, el uso de información privilegiada obtenida por su función como guardias de seguridad y la intimidación directa a médicos podrían considerarse agravantes.
Medidas preventivas para el personal de salud
Tras este incidente, expertos en seguridad recomiendan al personal médico y sanitario adoptar medidas preventivas como:
- Evitar compartir información personal con compañeros de trabajo no cercanos.
- Revisar periódicamente la seguridad digital de sus dispositivos y redes sociales.
- Reportar cualquier conducta sospechosa a las autoridades internas del hospital y a la Policía.
- Variar rutas y horarios para reducir patrones de desplazamiento predecibles.
