Autor: Ricardo Rodriguez

Washington Delgado

Director de Radio Forever 92.5 FM. Autor del libro “El Egoismo Politico”

Las siete nuevas preguntas de la Consulta Popular enviadas a la Corte Constitucional por el presidente Daniel Noboa tratan de superar las objeciones constitucionales de manera casi quirúrgica para que sean calificadas, considerando además el contexto especial que enfrenta la ciudadanía ante la agresión de la delincuencia y la pérdida de empleo. Por un lado, se busca recuperar la economía y por otro recuperar la paz y la justicia como ayer se manifestó en la marcha que se efectuó en Guayaquil. Según el comunicado del Gobierno, las preguntas “buscan impulsar y consolidar el proceso de transformación que el Ecuador necesita”.

Lo primero a considerar con las nuevas preguntas enviadas el 9 de septiembre de 2025, es que algunas de ellas fueron reformuladas, ante la no calificación como enmienda o por la forma por parte de la Corte Constitucional.

Primero revisamos las preguntas de reforma parcial a la Constitución.

La pregunta

1. de la nueva lista plantea: ¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta? Esta pregunta es reformulada eliminando la castración química, que según la CC no es idónea para evitar las violaciones, con lo que llamó la atención y está en análisis si puede la CC calificar la solución a un problema o exclusivamente tiene facultados de calificar la constitucionalidad, si es enmienda o reforma parcial y la calidad de la pregunta. En la nueva versión se especifica a quienes trabajan con niñas, niños y adolescentes que se asume será de manera permanente.
2. ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta? Actualmente, la Corte Constitucional, según su reglamento, toma sus decisiones con cinco votos de los nueve jueces, es decir con una mayoría simple. La pregunta busca que se vote al menos con las dos terceras partes. Tal como pasa en la Asamblea Nacional en el caso de una ley orgánica que se la aprueba con dos terceras partes de los votos.
3. ¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta? De tal manera que estos delitos se juzguen mediante procedimientos diferentes a un delito común para combatir de manera más efectiva a los delincuentes que hoy agreden a los honestos.
4. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta? Esta pregunta también fue reformulada.

La Corte rechazó el 4 de septiembre porque planteaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que según la CC alertaba la estructura del Estado. En la nueva versión de la pregunta no elimina a este organismo, pero al quitarle dos funciones que han provocado muchos inconvenientes se espera superarlos. Pasamos a revisar las preguntas de enmiendas.

1. . ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta? Esta pregunta también fue reformulada, porque su primera versión incluía tres temas que de acuerdo a la ley está prohibido por inducir la respuesta, confundir al elector y no permitir la deliberación de cada tema de manera individual. La primera versión planteaba permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos en hoteles de cinco estrellas, pero decía que los hoteles donde funcionen debían dar el 25% de sus ventas por esta actividad, para financiar programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil, y de alimentación escolar. Por eso, la nueva pregunta solo se limita a la reapertura de salas de juegos y casinos.
2. 2. ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta? Cabe aquí otra pregunta por lógica: ¿quién podría oponerse a que un individuo qu está sentenciado por la justicia pase a ser guía de votación? No se trata de un caso específico, se trata de casos generales para impedir que un procesado pueda intervenir en una campaña política a pesar de haber perdido sus derechos políticos.
3. 3. ¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?
4. Una de las motivaciones para esta pregunta es que los tiempos han cambiado algunas disposiciones legisladas en el año 2009 por lo que se requiere una actualización. Sin embargo, en las actuales circunstancias en que la CC niega algunas disposiciones presidenciales, existe la confusión de creer que se da por motivación política. Pero, por ejemplo, las acciones de protección es uno de los temas pendientes que deben ser reformulados.

Washington Delgado

Director de Radio Forever 92.5 FM. Autor del libro “El Egoismo Politico”

La respuesta de la Corte Constitucional (CC) sobre las seis preguntas de la Consulta Popular debe ser revisada sin apasionamientos en uno u otro sentido, si se está o no de acuerdo desde una posición técnica, constitucional y jurídica, con lo que lo central del análisis debe ser si los tres dictámenes se apegan a la Constitución y si, de alguna manera, se puede consensuar un punto de encuentro entre la recuperación de la economía y de la paz en Ecuador dentro del marco constitucional.

En lo sustancial, la CC, mediante tres dictámenes, sólo calificó como procedentes dos de las seis preguntas, al calificarlas como enmienda prevista en el artículo 441 de la Constitución.

Dos preguntas no fueron calificadas como enmiendas, dejando abierto que sea a través de reforma parcial aplicando el artículo 442, y las dos restantes fueron definitivamente inaceptadas. Recordemos que el artículo 443 le otorga a la CC la facultad de calificar cuál de los dos procedimientos previstos corresponde a cada caso, sin enmienda o reforma parcial.

Y también dejando en claro que a la Corte Constitucional sólo le corresponde determinar si las preguntas están dentro de las normas constitucionales y la calidad de la pregunta, cómo es el caso de los casinos, que “no la califica por tener tres temas y el riesgo de confusión”. Pero no le corresponde determinar la efectividad de la solución que busca la pregunta, como es el caso de la castración química, por una supuesta inefectividad para impedir la violación sexual; facultad que sí le corresponde al ciudadano consultado y a la Asamblea Nacional como legislatura.

En concreto, pasemos a revisar los detalles de las tres sentencias:

En el primer dictamen, No. 7-25-RC/25, la CC califica cuatro propuestas presentadas como enmienda constitucional. Las dos que sí proceden, de acuerdo al artículo 441 de la Constitución, son:

1. Contratación laboral por horas en el sector turístico: porque se trata de un ajuste limitado aplicable únicamente al sector turístico y en la primera relación laboral, respetando los derechos adquiridos y respondiendo a la naturaleza estacional de esa actividad económica.
    
2. Reducción del número de asambleístas: porque mantiene los criterios de representación territorial y poblacional, sin alterar el carácter democrático del Estado.
    

Y las dos propuestas que no proceden como enmienda constitucional son:

1. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): porque la CC determina que su supresión alteraría la estructura del Estado, según los precedentes jurisprudenciales.
    
2. Juicio político a jueces de la Corte Constitucional: no sería enmienda para la CC porque compromete principios fundamentales de la Constitución, como la independencia judicial y el sistema de pesos y contrapesos.
    

Leyendo detenidamente los artículos 441 y 442, cabe la pregunta si se deja abierta la puerta para que se vuelvan a presentar las mismas preguntas, ya no como enmienda bajo el amparo del artículo 441, sino como reforma parcial bajo el artículo 442.

En vista de que el artículo 441 dice claramente que se considera “la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución” y que la enmienda se realizará: 1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República (…). Para reforma parcial se aplica el artículo 442: “(…) que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República (…)”. Es decir, que sí se podría alterar “(…) el carácter y elementos constitutivos del Estado”, siempre que “no establezca restricciones a los derechos y garantías”.

Pero el artículo 442 obliga “al trámite por la Asamblea Nacional en al menos dos debates, con el segundo debate en al menos noventa días después del primero, y si se aprueba la convocatoria será dentro de los cuarenta y cinco días siguientes por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Con lo que, primero, queda pendiente ver si el presidente Daniel Noboa vuelve a presentar ante la Corte Constitucional las mismas preguntas como reforma parcial, si la CC las califica, si la Asamblea lo debate y aprueba dentro de los siguientes 45 días y el CNE lo convoca dentro de otros 45 días. Con este trámite habrá que ver si los tiempos dan para que el referéndum sea el domingo 30 de noviembre próximo.

El segundo Dictamen, No. 6-25-RC/25, determina que la propuesta de reforma parcial al artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) sobre castración química y registro no procede según la CC.

La propuesta de reforma parcial sobre castración química planteaba:

• Castración química obligatoria para personas con sentencia condenatoria por delitos sexuales.
   
• Registro confidencial de dichas personas.
   

Sin embargo, la Corte Constitucional declaró que esta propuesta no procedía, argumentando que “no era idónea para proteger de forma efectiva a las víctimas, el registro carecía de claridad sobre su alcance y temporalidad, y no existía sustento científico que demostrara que la castración química reduce la reincidencia en delitos sexuales”.

Ante esta sentencia, cabe la pregunta: ¿la CC debe calificar si procede o no una pregunta respecto a la efectividad del procedimiento para evitar delitos sexuales o únicamente calificar si es enmienda o reforma parcial de la Constitución? La respuesta es no, porque la Corte Constitucional de Ecuador no puede calificar la eficiencia de una reforma o enmienda constitucional, ya que esta atribución le corresponde a la ciudadanía a través del voto y a la Asamblea Nacional al determinar la conveniencia de la propuesta, según establece el artículo 442 de la Constitución.

La labor de la Corte se limita a realizar el control de constitucionalidad, verificando si el procedimiento de la reforma es el adecuado y si la reforma no contradice el contenido de la Constitución.

Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 103, el control constitucional de la Corte se limita a aspectos formales y procedimentales, como: cumplimiento de reglas procesales para la realización de la convocatoria; competencia en el ejercicio del poder de reforma a la Constitución; garantía plena de la libertad del elector, incluyendo claridad y lealtad en las cargas de la consulta. La Corte verifica que los procedimientos sean constitucionales, pero no evalúa la eficiencia o efectividad de las reformas o enmiendas propuestas.

El artículo 103 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) determina el alcance del control constitucional: la Corte Constitucional efectuará un control formal de la convocatoria a referendo. En el desarrollo de este control, la Corte Constitucional verificará al menos:

1. El cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria.
    
2. La competencia en el ejercicio del poder de reforma a la Constitución.
    
3. La garantía plena de la libertad del elector, y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad.
    

El tercer Dictamen, No. 8-25-CP/25, responde sobre la propuesta de consulta popular sobre casinos y salas de juego, que no procede para la CC, porque, según los jueces constitucionales, esta propuesta no procede ya que los considerandos no cumplían con la exigencia de claridad ni relación directa con la pregunta, generando confusión. Además, la pregunta era compuesta, al incluir tres temas distintos, lo que limitaba la libertad del elector al obligar una votación en bloque.

Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en los artículos 104 y 105, la Corte Constitucional verifica que las preguntas cumplan con los siguientes requisitos:

1. Considerandos introductorios: no deben inducir respuestas en el elector; deben tener concordancia plena entre el considerando y el texto normativo; deben emplear lenguaje neutro, sencillo y comprensible; deben mostrar una relación directa entre el texto normativo y la finalidad señalada en el considerando; y no deben incluir información superflua o irrelevante.
    
2. Cuestionario sometido a votación: cada pregunta debe formular una sola cuestión, salvo que exista interrelación entre los componentes normativos; debe permitir aceptar o negar varios temas individualmente, prohibiendo la aprobación o rechazo en bloque; no debe beneficiar proyectos políticos específicos; y debe tener efectos jurídicos y modificar el sistema jurídico.
    

La propuesta sobre casinos plantea una consulta popular para:

• Permitir la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas.
   
• Establecer un tributo del 25 % de las ventas.
   
• Destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición crónica infantil.
   

En esta propuesta, habrá que ver si se la rescata dividiéndola en tres y se las envía como enmienda nuevamente.

En resumen: las dos preguntas calificadas como procedentes, el trabajo por horas en el sector turístico y la reducción del número de asambleístas, se suman como procedentes a la eliminación del aporte financiero estatal a los partidos políticos y a eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el territorio nacional, aprobadas anteriormente por la CC y la Asamblea Nacional. En total, cuatro calificadas con visto bueno constitucional.

Dos preguntas quedan supeditadas al procedimiento como reformas parciales a la Constitución: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el juicio político a los jueces constitucionales, siempre que el presidente Noboa lo decida así, aunque los tiempos no alcancen hasta el 30 de noviembre de 2025.

La pregunta sobre la apertura de casinos, al ser no calificada por contener tres temas, esperemos ver si se la rescata dividiéndola en tres y se las envía como enmienda nuevamente a la CC para su trámite

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Y la pregunta sobre castración química a violadores será de discutir si la CC se excedió al calificar la efectividad del procedimiento para evitar delitos sexuales, que, desde mi opinión, le corresponde al legislador, o únicamente debe calificarla como enmienda o como reforma parcial a la Constitución, dejando la decisión en manos del pueblo y de la Asamblea Nacional.

Está pendiente conocer la reacción gubernamental sobre las tres sentencias de la Corte sobre la constitucionalidad de las seis preguntas. Es de esperar que se las revise sin apasionamiento y de manera técnica y jurídica. pic.twitter.com/zCqyXZ9nPt

— Washington Delgado L (@wedelgado) September 8, 2025