El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, deberá solicitar licencia temporal para participar activamente en la campaña por la consulta popular y el referéndum del próximo 16 de noviembre, según lo confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.
La campaña electoral iniciará el 1 de noviembre y concluirá el 13, por lo que el mandatario deberá separarse de sus funciones si desea promover las cuatro preguntas impulsadas por su gobierno. Atamaint explicó que ningún funcionario público puede inducir al voto mientras ejerce sus funciones, por lo que el presidente debe pedir licencia para participar.
Durante el consejo consultivo realizado en Quito, con la participación de quince organizaciones políticas y sociales, se analizó el inicio de la campaña y las reglas de control. En el encuentro, Atamaint recalcó que el CNE garantizará la transparencia y recordó que el uso de recursos estatales con fines electorales está prohibido.
Las cuatro preguntas que se someterán a votación incluyen tres reformas parciales a la Constitución y una consulta para decidir si se convoca a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna. Esta última ha generado mayor debate y división política.
Durante la sesión, Stalin Vargas, del Partido Unidad Popular (PUP), denunció que existe una “propaganda gubernamental” que favorecería al “sí”, mientras que Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, expresó su preocupación por una presunta persecución política en contra de organizaciones que apoyan el “no”.
Castañeda se refirió a una denuncia presentada por Atamaint ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la Conaie y otras agrupaciones por supuestas infracciones relacionadas con el gasto electoral en la campaña del Yasuní ITT, interpretándola como un intento de limitar la participación social.
Por su parte, Juan Fernando Flores, del movimiento CREO, solicitó al CNE mayor control sobre los partidos no inscritos que difunden mensajes electorales. En tanto, Gustavo Larrea, de Democracia Sí, advirtió que los plazos reducidos impiden una adecuada información ciudadana antes de los comicios.
El CNE reiteró su compromiso de mantener la imparcialidad y explicó que todos los actores políticos deberán reportar los aportes económicos recibidos y respetar las normas de promoción electoral. Además, confirmó que 13,9 millones de ecuatorianos están convocados a votar y que se implementarán auditorías tecnológicas para el conteo de votos.
La exigencia de licencia presidencial coloca a Noboa en una posición clave, ya que su participación directa en la campaña podría fortalecer su liderazgo o, por el contrario, exponerlo a críticas sobre el uso político del poder. El país entra así en una etapa decisiva donde el equilibrio institucional y la transparencia electoral serán esenciales para garantizar la legitimidad del proceso.
