El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes 16 de junio un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en diez provincias y tres cantones del país. La medida tendrá una vigencia de 60 días y, a diferencia de anteriores declaratorias, no contempla la aplicación de un toque de queda.
El decreto entró en vigor de manera inmediata y busca reforzar las acciones de seguridad frente al avance del crimen organizado en varias zonas del territorio nacional. Para ello, se dispone la participación coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en operativos destinados a preservar el orden público y prevenir actividades delictivas.
Las provincias incluidas en el estado de excepción son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Asimismo, la medida se extiende a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Entre las principales disposiciones contempladas en el decreto se encuentra la suspensión temporal del derecho a la inviolabilidad de domicilio. Esto permitirá a las autoridades realizar allanamientos cuando existan indicios de la presencia de grupos armados organizados, armas, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización u otros elementos relacionados con actividades ilícitas.
Además, el Gobierno suspendió el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, con el objetivo de facilitar la identificación, análisis y recopilación de información que pueda contribuir a las investigaciones relacionadas con los hechos que motivaron la declaratoria.
El documento oficial señala que todas las acciones deberán ejecutarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a las garantías constitucionales. También autoriza la requisición temporal de bienes y servicios que resulten estrictamente necesarios para apoyar las operaciones de seguridad durante la vigencia del estado de excepción.
La decisión del Ejecutivo forma parte de la estrategia nacional para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.
El Gobierno también dispuso que la medida sea notificada a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de declaratorias.
Deja una respuesta