Vicko Villacís presentará recurso de apelación
El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, presentará en las próximas horas un recurso de apelación contra la prisión preventiva dictada en su contra dentro del denominado caso Blindado, según confirmó su abogado, Gustavo García.
La defensa busca que una instancia superior revise la medida cautelar impuesta durante la audiencia de formulación de cargos. Otros procesados, como Diego Montaño, Kléber Salcedo y Jorge Pinos, ya han presentado recursos similares.
Prisión preventiva para ocho procesados
La jueza Silvana Velasco, de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para ocho personas investigadas.
Además de Villacís, la medida fue aplicada contra Luis Reina Tenorio, Juan Alberto Lastre, Carol Lemos Hurtado, Diego Montaño, Jonathan Monte, Kléber Salcedo y Jorge Pinos, estos dos últimos exjueces.
Investigación del caso Blindado
La Fiscalía indicó que las investigaciones se iniciaron tras un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Las pesquisas apuntan a una presunta estructura integrada por funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares. Durante la audiencia se mencionaron acciones de protección relacionadas con Petroecuador y resoluciones judiciales que posteriormente fueron anuladas por la Corte Constitucional.
Millonarias operaciones bajo análisis
Entre los antecedentes expuestos por la Fiscalía figuran pagos superiores a 2,7 millones de dólares a una empresa y otro proceso relacionado con una reparación económica que supera los 30 millones de dólares.
Asimismo, se profundizó en una acción de protección presentada por extrabajadores de Petroecuador, que derivó en un desembolso de 15 millones de dólares. Según la hipótesis fiscal, parte de esos recursos habría sido distribuida entre abogados y transferida posteriormente a terceros que forman parte de la investigación.
La Fiscalía sostiene que el presunto lavado de activos tendría como delitos precedentes el cohecho, prevaricato y perjurio, por lo que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes.
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