Un Tribunal de justicia en Ecuador dictó una sentencia condenatoria de diez años de prisión contra varios integrantes del entorno familiar de alias Fito, en el marco del caso conocido como Blanqueo Fito, relacionado con presuntas operaciones de lavado de activos provenientes del crimen organizado.
La decisión judicial fue tomada de manera unánime tras el desarrollo de un extenso juicio en el que participaron seis personas naturales y dos personas jurídicas. El proceso se centró en la investigación de un presunto esquema financiero destinado a ocultar el origen ilícito de grandes sumas de dinero mediante la utilización de familiares, empresas y movimientos económicos irregulares.
Entre los sentenciados a diez años de prisión se encuentran el hermano del cabecilla, su pareja sentimental y varios miembros del círculo familiar cercano, incluyendo padres y hermanos de la pareja. Asimismo, un cuñado recibió una condena de siete años de privación de libertad, al considerarse su participación en el entramado de operaciones financieras cuestionadas.
El Tribunal también ordenó la disolución y liquidación de dos empresas, identificadas como Ferro Mundo S. A. y Queenwater S. A., las cuales habrían sido utilizadas como parte de la estructura para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.
Según las investigaciones fiscales, el caso se originó tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detectó movimientos financieros inusuales e injustificados dentro del sistema bancario nacional. A partir de este hallazgo, se desplegaron operativos simultáneos en varias provincias del país, con múltiples allanamientos e incautaciones.
Durante estos operativos se decomisaron vehículos, bienes inmuebles, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentos que servirían como indicios dentro del proceso judicial. En total, se habrían identificado decenas de propiedades vinculadas al entorno del cabecilla, las cuales fueron objeto de medidas de comiso.
La Fiscalía sostuvo que el dinero presuntamente ilícito tendría origen en actividades de delincuencia organizada, incluyendo narcotráfico, extorsión, sicariato y otros delitos asociados a estructuras criminales. El esquema habría funcionado mediante la fragmentación de recursos y su inserción en el sistema financiero formal, dificultando su rastreo.
El fallo representa uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de lavado de activos en Ecuador, al evidenciar la presunta utilización de estructuras familiares y empresariales para el manejo de recursos ilegales dentro del sistema económico.

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