La violencia contra jueces, fiscales y funcionarios judiciales sigue creciendo en Ecuador y genera preocupación dentro de la Función Judicial. En los últimos seis años, desde 2020 hasta lo que va de 2026, se han registrado al menos 43 atentados y amenazas contra operadores de justicia, según cifras del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ).
De acuerdo con el informe, 25 de estos casos terminaron en asesinatos, afectando a jueces, fiscales y otros servidores vinculados al sistema judicial ecuatoriano. Los gremios de abogados y magistrados advierten que el crimen organizado busca intimidar a quienes manejan procesos sensibles relacionados con narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el 11 de mayo de 2026 en Machala, provincia de El Oro, donde fue asesinada la jueza Lady Pachar Huanga mientras se movilizaba en un vehículo. Tras este ataque, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, anunció medidas para reforzar la seguridad de los servidores judiciales y presentó una denuncia ante la Fiscalía.
Pocos días después, las instalaciones de la Función Judicial de Santa Elena fueron baleadas durante una audiencia penal. Además, un juez de Sucumbíos recibió amenazas intimidatorias relacionadas con una causa bajo su responsabilidad.
La propia Mercedes Caicedo reveló posteriormente que también recibió amenazas de muerte debido a sus funciones al frente del Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, el organismo alertó sobre nuevos intentos de intimidación contra funcionarios de control disciplinario.
Las cifras del ODJ muestran que entre los ataques registrados existen:
- 4 jueces asesinados
- 12 fiscales asesinados
- 9 intentos de asesinato
- 9 ataques armados contra dependencias judiciales
El gremio de magistrados sostiene que muchos jueces trabajan sin protección adecuada, sin botones de pánico y sin protocolos rápidos de emergencia. También denuncian que el trámite para solicitar resguardo policial es lento y burocrático.
Ante esta situación, abogados y jueces proponen implementar audiencias telemáticas, protección para familiares, controles de acceso en unidades judiciales y sistemas de respuesta inmediata frente a amenazas vinculadas al crimen organizado.
Deja una respuesta