El Consejo de la Judicatura anunció la implementación de medidas urgentes tras el asesinato de la jueza Lady Pachar Huanga en la ciudad de Machala, un hecho que ha generado preocupación nacional por el aumento de la violencia contra operadores de justicia en Ecuador.
La magistrada fue atacada el pasado 11 de mayo de 2026 mientras se trasladaba en un vehículo por la avenida Colón Tinoco, en el sector de la ciudadela Machalilla, al sur de la ciudad. El crimen, ocurrido alrededor de las 18:00, ha sido calificado como un nuevo golpe a la institucionalidad judicial del país.
Ante este escenario, el Consejo de la Judicatura resolvió en sesión extraordinaria la instalación inmediata de mesas técnicas de trabajo con la participación de actores del sistema de justicia, entre ellos la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, con el objetivo de analizar la situación de riesgo que enfrentan jueces y servidores judiciales.
Estas mesas buscarán establecer mecanismos de protección más efectivos y coordinar acciones urgentes para reducir la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales frente a amenazas del crimen organizado. Además, se planteó la creación de un área de coordinación directa con el Ministerio del Interior, con el fin de agilizar la atención de solicitudes de resguardo policial y mejorar la respuesta institucional ante situaciones de riesgo.
Como parte de las acciones inmediatas, la Judicatura dispuso levantar información detallada sobre la seguridad en las dependencias judiciales del país, incluyendo el número de servidores amenazados, aquellos que cuentan con protección policial permanente y los casos que requieren monitoreo preventivo.
El gremio de magistrados ha reiterado su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en el sistema de justicia, señalando que la situación actual afecta directamente la independencia judicial y la capacidad de los funcionarios para ejercer sus funciones sin presión externa.
Las autoridades judiciales han señalado que estas medidas buscan fortalecer la protección institucional y garantizar condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de la justicia en todo el territorio nacional.
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