Publicación del decreto n.º 5.200 en la Gaceta Oficial
El Gobierno de Venezuela publicó este lunes en la Gaceta Oficial el decreto n.º 5.200, mediante el cual declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. La decisión se fundamenta en la denuncia de un presunto ataque armado atribuido a Estados Unidos, lo que, según el Ejecutivo, obliga a activar medidas extraordinarias de seguridad para resguardar el orden interno y la estabilidad institucional.
El decreto, con rango de ley, establece una vigencia inicial de 90 días, prorrogables por un período igual, y concede amplias facultades a las autoridades para responder a la situación excepcional. El documento aparece firmado por Nicolás Maduro y refrendado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, conforme a lo indicado en el texto oficial.
Órdenes de captura y actuación de los cuerpos de seguridad
Uno de los puntos centrales del decreto se encuentra en el artículo 5, que instruye a los órganos de policía nacionales, estadales y municipales a ejecutar la identificación, búsqueda, captura y procesamiento de “toda persona involucrada en la promoción o apoyo” de la supuesta agresión contra el país. Estas actuaciones deberán realizarse bajo la coordinación del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, según lo estipulado.
El texto subraya que, pese a la declaratoria de excepción, las autoridades deberán actuar con observancia del debido proceso y el derecho a la defensa, manteniendo vigentes garantías consideradas intangibles, como el derecho a la vida y las garantías judiciales esenciales.
Militarización de sectores estratégicos y control de bienes
El decreto también ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, así como de la industria petrolera y otras industrias básicas del Estado. De forma temporal, el personal de estas áreas queda sujeto al régimen militar, con el objetivo declarado de asegurar la continuidad operativa y prevenir riesgos para la seguridad nacional.
Asimismo, el Ejecutivo queda facultado para requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional y para suspender derechos como las reuniones y manifestaciones públicas, en el marco de las medidas excepcionales. La norma insiste en que estas acciones buscan preservar la estabilidad del país frente a la coyuntura denunciada, bajo un esquema de control institucional reforzado.
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