La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) remitió a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, un conjunto de documentos que recogen investigaciones realizadas durante varios años sobre presuntas irregularidades dentro del sistema público de salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este envío ocurre tras la decisión del presidente Daniel Noboa de encargar a Pinto la conducción del Ministerio de Salud, luego de los recientes ajustes en el gabinete.
El oficio, firmado por el coordinador de la CNA, Germán Rodas, recuerda que esta misma información ya había sido entregada previamente al exministro de Salud Jimmy Martin y al expresidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama, ambos separados ya del equipo de gobierno. Según el documento, la CNA considera indispensable que la nueva autoridad tenga pleno conocimiento de los procesos detectados como irregulares.
Entre los anexos entregados constan datos consolidados de proveedores desde 2019 hasta 2025, cuyos pagos provendrían de contratos y convenios considerados irregulares. También se incluyen copias de denuncias presentadas ante la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio de Salud y el IESS, con un detalle minucioso de cada proveedor, número y código de los procesos de compra, así como las unidades médicas vinculadas.
De acuerdo con Rodas, 174 proveedores habrían participado en 244 procesos contractuales irregulares, acumulando pagos que superarían los 240 millones de dólares. La CNA advierte que estas redes, que operarían desde 2012, continúan activas dentro del sistema de salud, incluso durante la actual declaratoria de emergencia sanitaria. Por ello, señala la necesidad de que el Ministerio impulse acciones para impedir que se sigan generando perjuicios económicos al Estado.
El oficio también expresa preocupación por un proceso reciente dentro del IESS relacionado con la posible contratación de la empresa HealthBird, la cual, según la CNA, no tendría experiencia para implementar modelos digitales de gestión hospitalaria. La entidad alerta que el sistema que se pretende contratar —que incluiría asignación de citas, exámenes, derivaciones y manejo de historias clínicas— podría implicar un gasto cercano a los 37,7 millones de dólares, pese a lo que denominan una “incierta transparencia” en el proceso de selección.
Rodas manifestó que esperan la intervención de la vicepresidenta Pinto para proteger los intereses de los afiliados del IESS, especialmente en un momento en el que el sistema sanitario enfrenta una crisis estructural y fuertes cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
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