La renuncia del director regional de Trabajo de Quito, Christian Alfredo Marín Lavayen, ha encendido una nueva polémica dentro del Ministerio del Trabajo y en el entorno político del país. La situación se originó tras una serie de denuncias sobre supuestas presiones ejercidas por el nuevo ministro del Trabajo, Harold Burbano, para que se levantara un impedimento legal que recaía sobre Álvaro Rosero, recientemente designado como ministro de Gobierno.
Un oficio que destapa tensiones internas
El 19 de noviembre, Christian Alfredo Marín presentó su renuncia mediante un oficio dirigido directamente al ministro Burbano. En este documento, denunció que el ministro ingresó a las instalaciones de la Dirección Regional Quito de forma “altanera y prepotente”, exigiendo que se levantara de manera inmediata el impedimento para el ejercicio de la función pública que afectaba a Rosero.
Marín señaló que esta petición era improcedente y totalmente fuera de las competencias de la Dirección Regional de Trabajo. Explicó que el organismo encargado de resolver este tipo de impedimentos es la Dirección de Control y Servicio Público de Quito, un espacio técnico que opera bajo procedimientos establecidos y que no puede actuar bajo órdenes verbales o presiones jerárquicas.
Advertencia sobre posibles implicaciones legales
El exdirector advirtió en su comunicación que intentar obtener un acto administrativo mediante presión jerárquica podría constituir tráfico de influencias, una conducta sancionada por el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas que van de tres a cinco años de prisión.
Frente a esta situación, Marín afirmó que su decisión de renunciar obedecía a principios éticos y profesionales, asegurando que “no se prestaría jamás para requerimientos ilegales”. Recalcó que el pedido del ministro existió tal como lo relata y que su negativa se fundamentó en el respeto a la ley.
Respuesta del ministro Harold Burbano
Desde su cuenta en X, el ministro Harold Burbano rechazó las acusaciones y las calificó como “mentiras amplificadas por opositores”. Según el funcionario, la desvinculación de Marín ya había sido notificada oficialmente mediante un memorando, y aseguró que la posterior renuncia del exdirector fue una reacción frente a los cambios institucionales que se estaban implementando.
Burbano sostuvo que su gestión se guía por transparencia y responsabilidad, calificando el episodio como un intento de generar polémica infundada. La declaración provocó una respuesta inmediata de Marín, quien reiteró que fue presionado para actuar contra la ley y sugirió que el ministro debería dar explicaciones a la Fiscalía.
El trasfondo del impedimento de Álvaro Rosero
Tras la designación de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno, salió a la luz que el comunicador mantenía un impedimento legal para ocupar cargos públicos debido a una causa registrada en el sistema del Ministerio del Trabajo bajo el concepto de “deudor a entidades del sector público”. Este antecedente habría motivado la supuesta presión hacia Marín para agilizar un proceso que, por normativa, requiere un procedimiento técnico y ordenado.
La controversia abre un nuevo capítulo en la relación entre el gabinete del presidente Daniel Noboa y los estándares de control administrativo, generando preocupación entre especialistas sobre la independencia de las instituciones encargadas de garantizar la legalidad en el acceso a la función pública.
Como siempre los opositores amplificando mentiras, 🤣🤣🤣. La desvinculación del funcionario Christian Alfredo Marín fue notificada oficialmente a las 17:31 según memorando Nro. MDT-MDT-2025-0798-M, una hora después, presentó una renuncia por resistencia al cambio, alegando… https://t.co/utcRXHUTSS pic.twitter.com/KyQsuhLly4
— Harold Burbano (@haburbano) November 20, 2025
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