Las autoridades colombianas lograron un importante golpe contra el crimen digital con la detención de 14 presuntos integrantes de una red internacional dedicada a estafar mediante falsas inversiones en criptoactivos. Este grupo, que operaba en Colombia, Chile y Perú, habría logrado apropiarse de más de 71.000 millones de pesos, equivalente a unos 19 millones de dólares, entre 2021 y 2025.
Según la Fiscalía, la estructura criminal utilizaba publicaciones atractivas en redes sociales para captar víctimas, ofreciéndoles supuestas oportunidades de inversión en plataformas que prometían ganancias rápidas. Una vez los usuarios eran contactados por teléfono, los estafadores los convencían de invertir entre 200 y 250 dólares para ingresar al modelo fraudulento. Ninguno de esos fondos era realmente invertido; todo formaba parte de un elaborado engaño digital.
La organización mantenía comunicación constante con las víctimas, mostrándoles gráficas ficticias que aparentaban crecimiento de sus inversiones. Además, los operadores insistían en que debían aumentar sus aportes y advertían que no podían retirarse del sistema. Esta manipulación psicológica era clave para que las personas siguieran entregando dinero.
Uno de los métodos más peligrosos empleados por la red era la instalación de programas de acceso remoto como Anydesk o Imperios. Los delincuentes instruían a las víctimas a instalar estas herramientas bajo el argumento de “supervisar el avance de la inversión”. Una vez obtenían acceso total a sus dispositivos, podían capturar claves personales, datos bancarios y controlar transferencias sin que los usuarios lo notaran.
Entre los capturados se encuentra el mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias Daniel, señalado como el presunto líder de la operación. Las autoridades sostienen que coordinaba las estrategias de captación, manipulación y distribución del dinero obtenido ilegalmente. Tres de los detenidos recibieron prisión domiciliaria preventiva mientras avanza la investigación.
A los 14 implicados se les imputaron los delitos de estafa por medios informáticos, hurto por medios informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ninguno aceptó los cargos.
Este caso representa uno de los mayores desmantelamientos de estafas con criptoactivos en la región, revelando los riesgos crecientes del fraude digital y la necesidad de fortalecer la educación y seguridad financiera en línea.
Deja una respuesta