El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, ha dado un paso decisivo en la política nacional al emitir el Decreto Ejecutivo 148, con el cual convoca a una consulta popular que definirá si el país avanza hacia la instalación de una nueva Asamblea Constituyente. Esta medida busca convertirse en una alternativa para superar la crisis de gobernabilidad que atraviesa el Ecuador en 2025, abriendo un nuevo capítulo en la historia constitucional de la nación.
El Decreto Ejecutivo 148 y sus alcances
El Decreto Ejecutivo 148 detalla que la situación actual del país difiere ampliamente de la vivida en 2007, cuando se convocó a la última Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución vigente. A diferencia de procesos anteriores, el presidente Noboa decidió enviar la pregunta directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), omitiendo la revisión previa de la Corte Constitucional.
La pregunta planteada a la ciudadanía es la siguiente:
“¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”
Con esta formulación, el Gobierno busca un mandato directo del pueblo que legitime la instalación de la Constituyente y la elaboración de un nuevo marco jurídico.
Duración y atribuciones de la Asamblea Constituyente
En caso de ser aprobada en las urnas, la Asamblea Constituyente tendrá una duración inicial de 180 días contados desde el momento de su instalación. Este período podrá ser prorrogado una sola vez por 60 días adicionales, lo que daría un máximo de 240 días para redactar la nueva Constitución.
Los asambleístas constituyentes serán elegidos directamente por voto popular, siguiendo las reglas establecidas en el Estatuto propuesto por el Ejecutivo. Este órgano tendrá plenos poderes para elaborar un nuevo texto constitucional que, posteriormente, será sometido a un referéndum nacional.
El contexto político y la crisis de gobernabilidad
La decisión de convocar a una Asamblea Constituyente surge en un momento en el que el Ecuador atraviesa una compleja crisis de gobernabilidad. El presidente Noboa sostiene que las instituciones actuales no han logrado responder de manera eficiente a los desafíos sociales, políticos y económicos que enfrenta el país en 2025.
Entre los factores que impulsan esta decisión se encuentran:
- Fragmentación política en la Asamblea Nacional.
- Conflictos institucionales entre el Ejecutivo y el Legislativo.
- La percepción ciudadana de que la actual Constitución ha perdido vigencia frente a la nueva realidad social y económica.
- La necesidad de contar con un marco jurídico renovado que fortalezca la democracia y el sistema de representación política.
Con este paso, Noboa busca dar un giro al modelo político, estableciendo reglas claras que permitan una mayor estabilidad institucional.
La diferencia con la Constituyente del 2007
El proceso constituyente del 2007, impulsado por el expresidente Rafael Correa, culminó en la Constitución de Montecristi, actualmente en vigencia. Sin embargo, el decreto actual subraya que la realidad del 2025 es distinta y requiere respuestas diferentes.
Mientras la Constituyente de 2007 estuvo marcada por una amplia concentración de poder en el Ejecutivo, la propuesta de Noboa pretende estructurarse sobre la base de un Estatuto Constituyente con reglas específicas que garanticen la representación de la ciudadanía y la legitimidad democrática.
El rol del Consejo Nacional Electoral (CNE)
El decreto dispone que el Consejo Nacional Electoral sea notificado de manera inmediata para que dé inicio al proceso correspondiente según lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).
Esto significa que el CNE será la institución encargada de organizar la consulta popular, definir el calendario electoral, establecer los requisitos para la inscripción de candidaturas constituyentes, y garantizar que el proceso cumpla con principios de transparencia y equidad.
Consulta popular y referéndum: dos herramientas claves
La estrategia política de Noboa combina dos mecanismos de participación ciudadana:
- Consulta popular para convocar a la Asamblea Constituyente.
Aquí los ecuatorianos decidirán si respaldan o no la instalación de un nuevo órgano encargado de redactar la Carta Magna. - Referéndum posterior para aprobar la nueva Constitución.
Una vez finalizado el trabajo de la Constituyente, el nuevo texto deberá someterse a la aprobación del pueblo ecuatoriano, garantizando así su legitimidad.
Este doble filtro busca que el poder constituyente radique en la ciudadanía, fortaleciendo la confianza en el proceso.
Antecedente inmediato: bases militares extranjeras
Cabe destacar que este no es el único proceso electoral impulsado por el presidente Noboa en 2025. Previo a este anuncio, el mandatario convocó a un referéndum nacional para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, decisión que también ha generado un amplio debate en la esfera política y social.
La suma de ambos procesos demuestra una clara estrategia del Gobierno por consultar directamente al pueblo sobre temas de gran trascendencia para el futuro del país.
Reacciones políticas y sociales ante la convocatoria
La convocatoria a la Asamblea Constituyente ha despertado diversas reacciones:
- Sectores oficialistas destacan que esta es la única salida viable para superar el estancamiento político y lograr una transformación institucional profunda.
- Opositores y analistas critican la omisión del dictamen previo de la Corte Constitucional, señalando que podría abrir un debate sobre la legalidad del proceso.
- Organizaciones sociales y movimientos ciudadanos ven en la Constituyente una oportunidad para incluir nuevas demandas sociales, como derechos ambientales, reformas al sistema de justicia y mayor inclusión política.
Lo que está en juego para el futuro del Ecuador
El éxito o fracaso de esta iniciativa determinará en gran medida el rumbo político del Ecuador en los próximos años. Una nueva Constitución podría implicar:
- Reformas en la estructura del Estado.
- Nuevos mecanismos de participación ciudadana.
- Cambios en la organización territorial.
- Modernización del sistema económico y de derechos.
Sin embargo, también existe el riesgo de que el proceso se convierta en un escenario de confrontación política que profundice la inestabilidad.
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