El caso Sinohydro se ha convertido en uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia reciente del Ecuador, al involucrar al expresidente y exvicepresidente Lenín Moreno, junto a otras 23 personas, en una supuesta red de corrupción vinculada a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. La tarde del 15 de septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal general Wilson Toainga, presentó su dictamen acusatorio en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Inicio de la acusación formal contra Lenín Moreno
Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el conjuez Olavo Hernández declaró la validez de todas las actuaciones procesales realizadas hasta el momento. Esto abrió paso para que la Fiscalía presentara su acusación formal por el presunto delito de cohecho agravado.
En su exposición, el fiscal Toainga señaló que las investigaciones recogen suficientes elementos de convicción que vinculan a los 24 procesados, entre ellos al expresidente Moreno, con un entramado de sobornos que giró en torno a contratos multimillonarios con la empresa china Sinohydro, responsable de la construcción de la hidroeléctrica más grande del país.
La red de corrupción detrás del proyecto Coca Codo Sinclair
Las pesquisas realizadas revelan que entre 2009 y 2018, mientras Lenín Moreno ejercía como vicepresidente de la República, se habría configurado una red ilícita que exigía sobornos a cambio de la adjudicación y mantenimiento de contratos con la compañía Sinohydro.
De acuerdo con la acusación fiscal, se habrían entregado alrededor de 76 millones de dólares en coimas, lo que representa cerca del 4% del valor total de la obra, cifrado en aproximadamente 1.979 millones de dólares.
Estos pagos habrían sido canalizados a través de empresas intermediarias y cuentas en el extranjero, con la finalidad de beneficiar tanto a altos funcionarios como a personas cercanas al círculo político de Moreno.
Los procesados en el caso Sinohydro
El expediente de la Fiscalía señala a un total de 37 personas inicialmente investigadas, de las cuales se mantiene la acusación contra 24 procesados, incluyendo al exmandatario Lenín Moreno, su esposa Rocío González, y varios familiares directos e indirectos.
Entre los acusados también figuran exfuncionarios públicos, empresarios y representantes de compañías que habrían participado en el esquema de sobornos.
La Fiscalía sostiene que estos actores habrían facilitado la recepción de dineros ilícitos a través de triangulaciones financieras que tenían como objetivo encubrir el origen de los fondos.
El rol de Lenín Moreno en la trama de sobornos
El señalamiento directo a Moreno radica en que, según las investigaciones, él habría conocido y participado de los beneficios de las coimas durante el período en que ocupaba la Vicepresidencia de la República (2007-2013).
Los peritajes y la documentación aportada a la causa incluyen transferencias bancarias, correos electrónicos, testimonios de colaboradores y registros contables que muestran cómo los recursos ilícitos fueron destinados al financiamiento de gastos personales y adquisición de bienes.
La Fiscalía enfatiza que Moreno habría recibido beneficios económicos por intermedio de terceros, lo que lo convierte en uno de los principales beneficiarios del esquema de corrupción.
Consecuencias legales del proceso Sinohydro
El delito de cohecho en Ecuador es sancionado con una pena privativa de libertad que puede ir de 8 a 12 años, dependiendo de la magnitud del perjuicio al Estado y de la posición jerárquica del funcionario involucrado.
En el caso de Lenín Moreno y los demás acusados, la Fiscalía solicita que se dicte auto de llamamiento a juicio, lo que significaría que todos deberán enfrentar el proceso penal en la etapa de juicio oral.
Además, la Fiscalía busca la reparación integral al Estado, lo que implicaría la devolución de los 76 millones de dólares en coimas, más intereses, y la inhabilitación política de los implicados.
Impacto político y social del caso Sinohydro
El escándalo Sinohydro ha generado un fuerte impacto en la sociedad ecuatoriana, no solo por el involucramiento de un expresidente de la República, sino también porque destapa los manejos irregulares en el megaproyecto Coca Codo Sinclair, que desde su inauguración ha estado rodeado de cuestionamientos técnicos, ambientales y financieros.
La hidroeléctrica, ubicada entre Napo y Sucumbíos, fue presentada como la obra insignia de la cooperación con China y prometía abastecer de energía eléctrica al país durante décadas. Sin embargo, además de las denuncias de corrupción, la obra enfrenta serios problemas estructurales como fisuras en la casa de máquinas, que han comprometido su rendimiento y seguridad.
La postura de la defensa de Lenín Moreno
Los abogados defensores de Moreno han insistido en que la acusación carece de fundamentos sólidos y que el expresidente nunca recibió dinero ilícito. Argumentan que no existen pruebas directas que lo vinculen con transferencias o contratos irregulares.
No obstante, la Fiscalía sostiene que la participación indirecta y el beneficio económico recibido a través de terceros son suficientes para imputarle responsabilidad penal.
Próximos pasos en el proceso judicial
Con la validación del conjuez Hernández, el caso avanza a la fase de juicio, donde se presentarán pruebas documentales, testimoniales y periciales. Será en esta etapa donde la defensa de los procesados buscará desvirtuar los cargos, mientras que la Fiscalía intentará demostrar la existencia del delito de cohecho agravado.
Se espera que el juicio sea uno de los más extensos y mediáticos en la historia del país, dada la magnitud de la obra, los montos involucrados y la relevancia política del principal acusado.
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