El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó este martes 16 de septiembre un nuevo estado de excepción en Ecuador que regirá en siete provincias del país, en respuesta a lo que el Gobierno ha calificado como un escenario de grave conmoción interna. La medida, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 134, busca contener el avance de protestas y alteraciones del orden público que, según el Ejecutivo, ponen en riesgo la seguridad ciudadana, la libre circulación y el normal desarrollo de las actividades económicas.
Provincias incluidas en el estado de excepción
El estado de excepción se aplicará en las provincias de:
- Carchi
- Imbabura
- Pichincha
- Azuay
- Bolívar
- Cotopaxi
- Santo Domingo de los Tsáchilas
Estas zonas han sido epicentro de manifestaciones, bloqueos y disturbios que, de acuerdo con la información oficial, han derivado en episodios de violencia y amenazas a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Duración y alcance de la medida
La declaratoria tendrá una vigencia de 60 días, aunque el decreto señala que podría levantarse de manera anticipada si las condiciones lo permiten. Durante este período, se aplicarán medidas especiales destinadas a garantizar el orden público y la seguridad nacional.
El estado de excepción otorga al Gobierno facultades extraordinarias, entre ellas:
- Suspensión parcial del derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas.
- Posibilidad de movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para reforzar el control interno.
- Acciones para evitar la radicalización de las protestas y asegurar la libre circulación de personas y bienes.
Restricción de libertades y derechos
El decreto aclara que la suspensión del derecho a reunión no limita las manifestaciones pacíficas, siempre y cuando estas no afecten los derechos del resto de ciudadanos. Sin embargo, cualquier concentración que derive en violencia, daños a la propiedad pública o privada, o bloqueo de carreteras podrá ser dispersada por las fuerzas del orden.
Con esta disposición, el Ejecutivo intenta equilibrar la protección del derecho a la protesta pacífica con la necesidad de mantener la seguridad en el país.
Motivos que llevaron al estado de excepción
Según el Gobierno, en los últimos días se han registrado paralizaciones y protestas que han escalado en intensidad, generando escenarios de violencia, cierre de carreteras y afectaciones directas al comercio y la movilidad.
Entre los argumentos expresados en el decreto se destacan:
- Alteración del orden público por protestas organizadas en las provincias afectadas.
- Riesgo a la seguridad ciudadana frente a enfrentamientos y actos violentos.
- Afectación al trabajo y a las actividades económicas, en especial en sectores productivos y comerciales.
- Necesidad de prevenir una escalada de confrontaciones que complique aún más la situación.
Despliegue de Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la orden de movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en las siete provincias bajo estado de excepción.
Su rol será:
- Controlar el orden público en espacios urbanos y rurales.
- Asegurar la libre circulación en carreteras y vías de acceso estratégicas.
- Prevenir saqueos, vandalismo o ataques a la propiedad pública y privada.
- Respaldar a las instituciones estatales en la ejecución de medidas de seguridad.
Con este despliegue, el Gobierno busca enviar un mensaje de firmeza y garantizar que no se repitan episodios de violencia que ya se han registrado en jornadas anteriores.
Reacciones frente a la medida
El anuncio del nuevo estado de excepción ha generado debate en diversos sectores:
- Apoyo: Empresarios y organizaciones de transporte han respaldado la medida, señalando que es indispensable garantizar el orden para evitar mayores pérdidas económicas.
- Críticas: Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos han manifestado preocupación por la suspensión de derechos y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno.
- Expectativa: Analistas consideran que el éxito de la medida dependerá de su aplicación equilibrada, evitando abusos de autoridad y respetando el derecho a la protesta pacífica.
Implicaciones para la ciudadanía
Durante los 60 días que dure el estado de excepción, los habitantes de las provincias involucradas deberán adaptarse a restricciones específicas. Entre las implicaciones más relevantes se encuentran:
- Posibles controles militares y policiales en carreteras y espacios públicos.
- Limitaciones a reuniones masivas, especialmente si son convocadas sin autorización o derivan en actos violentos.
- Mayor presencia de operativos de seguridad en zonas urbanas estratégicas.
- Riesgo de sanciones en caso de incumplir las disposiciones del decreto.
Contexto político y social
Este nuevo estado de excepción se suma a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa para enfrentar los múltiples desafíos de seguridad y gobernabilidad que atraviesa el país.
En los últimos meses, Ecuador ha experimentado una escalada de conflictos sociales y de violencia criminal que ha presionado a las autoridades a reforzar los mecanismos de control. El Ejecutivo argumenta que estas decisiones son necesarias para evitar un mayor deterioro del orden público y para proteger los derechos de la mayoría de ecuatorianos.
#URGENTE | A través del Decreto Ejecutivo 134, el presidente Daniel Noboa declara el estado de excepción en siete provincias, incluyendo Pichincha y Azuay, por la causal de grave conmoción interna. https://t.co/51kfNbPGHI pic.twitter.com/u68JWRFVA9
— Primicias (@Primicias) September 16, 2025
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