El caso de secuestro extorsivo ocurrido en un gimnasio del sector de Ceibos, en el norte de Guayaquil, ha generado gran conmoción social y un fuerte operativo policial que derivó en la captura de cinco personas, entre ellas una entrenadora del establecimiento. La justicia dictó prisión preventiva contra los implicados tras una extensa audiencia de formulación de cargos, en la que se presentaron pruebas contundentes.
Los hechos del secuestro en el gimnasio de Ceibos
El 5 de junio de 2024, una mujer que acudía de manera habitual al gimnasio de Ceibos fue abordada por cuatro hombres fuertemente armados que ingresaron al lugar en horas de la madrugada. Según el parte investigativo, los sujetos redujeron a la víctima y la obligaron a salir del establecimiento bajo amenazas de muerte. Posteriormente, fue trasladada en un vehículo hasta un lugar desconocido.
Durante las primeras horas posteriores al secuestro, los captores se comunicaron con la familia de la víctima para exigir el pago de un rescate de 50.000 dólares. Como medida de presión, enviaron un video en el que se mostraba el cercenamiento de uno de los dedos de la mujer, acompañado de un número de cuenta bancaria en el que debía realizarse el depósito.
La familia, aterrorizada por las amenazas, alcanzó a reunir 2.000 dólares y solicitó tiempo adicional para completar la suma exigida. Sin embargo, la difusión pública del caso en redes sociales y medios de comunicación habría motivado a los delincuentes a liberar a la víctima, quien fue abandonada en las inmediaciones de un motel en la vía a Daule.
Operativo policial y capturas en Guayaquil
La Fiscalía General del Estado solicitó la emisión de boletas de detención contra los sospechosos, acción que derivó en un megaoperativo realizado la madrugada del miércoles 27 de agosto. Durante los allanamientos simultáneos en Mucho Lote, Ciudad Victoria, Bastión Popular, Ciudad de Dios y Barrio Chemisse, la Policía Nacional logró la aprehensión de cinco personas vinculadas al secuestro.
Entre los detenidos se encontraba Leslie Leonor L. M., quien se desempeñaba como entrenadora en el gimnasio donde se perpetró el secuestro, así como Emily Gabriela A. S., Braulio José C. H., Edgar Ramiro M. Q. y Roger Iván C. S..
Los indicios recolectados en los allanamientos incluyeron teléfonos celulares, documentos financieros, registros de depósitos bancarios y evidencias digitales que presuntamente demuestran la planificación y ejecución del delito.
Pruebas presentadas en la audiencia de formulación de cargos
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó un conjunto sólido de evidencias para sustentar el pedido de prisión preventiva contra los procesados. Entre las pruebas constan:
- Informe investigativo detallado sobre la secuencia del secuestro.
- Triangulación de llamadas entre los implicados y contactos relacionados.
- Registros audiovisuales captados por cámaras de seguridad del gimnasio.
- Pericias psicológicas practicadas a la víctima.
- Reconocimiento médico-legal que constató las lesiones ocasionadas.
- Registros de transferencias y depósitos bancarios vinculados al rescate.
- Versiones rendidas por la víctima y los procesados.
Con estos elementos, el juez de Garantías Penales determinó que existían suficientes elementos de convicción para ordenar prisión preventiva, considerando el peligro de fuga y la gravedad del delito.
Medidas de protección para la víctima y su familia
El magistrado acogió también la solicitud de la Fiscalía para disponer medidas de protección a favor de la víctima y sus allegados. Entre estas medidas se incluyen:
- Prohibición expresa a los procesados de acercarse a la víctima o a su familia.
- Prohibición de realizar amenazas, intimidaciones o acciones mediante terceros.
- Boleta de auxilio inmediato en caso de que la víctima lo requiera.
Estas disposiciones buscan garantizar la seguridad física y psicológica de la mujer afectada y de sus familiares, quienes fueron sometidos a un fuerte impacto emocional por las circunstancias del secuestro.
Calificación del delito y penas aplicables
La Fiscalía abrió la instrucción fiscal con base en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con las agravantes establecidas en los numerales 6, 7 y 10 del artículo 162 del mismo cuerpo legal.
El delito de secuestro extorsivo está sancionado en Ecuador con una pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, dependiendo de las circunstancias y la participación de los implicados. En este caso, el uso de violencia extrema, la mutilación de la víctima y la participación de varios sujetos armados se consideran factores agravantes que podrían incrementar la condena.
Impacto social y reacción ciudadana
El secuestro en el gimnasio de Ceibos ha generado un fuerte rechazo ciudadano y reavivado el debate sobre los niveles de inseguridad que se viven en Guayaquil y en todo el país. Los residentes de la zona norte de la ciudad manifestaron su preocupación por la vulnerabilidad de espacios considerados seguros, como los centros deportivos.
Asimismo, organizaciones sociales y gremios de entrenadores expresaron su indignación por la presunta participación de una instructora del gimnasio en los hechos, lo que ha deteriorado la confianza en estos espacios recreativos.
La investigación continuará durante 90 días
El juez fijó un plazo de noventa días de instrucción fiscal, en los que la Fiscalía deberá profundizar en la recolección de pruebas, testimonios y pericias adicionales para robustecer el expediente. Durante este tiempo se prevén nuevas diligencias, entre ellas:
- Revisión forense de los dispositivos electrónicos incautados.
- Análisis de movimientos bancarios relacionados al caso.
- Testimonios ampliados de la víctima y de los procesados.
- Pericias psicológicas complementarias.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar el proceso hasta las últimas consecuencias con el fin de que los responsables enfrenten la justicia y la víctima obtenga reparación integral.
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