Con 81 votos afirmativos, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó una trascendental reforma constitucional que elimina el fondo partidario y el fondo de promoción electoral, recursos que anteriormente eran financiados directamente desde el Presupuesto General del Estado. Esta reforma impacta directamente en la forma en que se financian las campañas políticas y en la distribución de recursos públicos hacia los partidos políticos, generando un cambio estructural en el sistema democrático ecuatoriano.
¿Qué implica la eliminación del fondo partidario y de promoción electoral?
La aprobación de las reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución ecuatoriana marca un hito político. En concreto, se suprimen los mecanismos por los cuales el Estado entregaba recursos económicos a los partidos políticos y candidatos para financiar actividades proselitistas, campañas, spots publicitarios y demás acciones vinculadas al proceso electoral.
Hasta antes de la reforma, el Consejo Nacional Electoral (CNE) distribuía estos fondos conforme a criterios de votación, representación y participación política. Con la nueva disposición, ninguna organización política recibirá fondos públicos para promoción de candidaturas, lo que obligará a las agrupaciones a buscar fuentes alternativas de financiamiento, dentro de los límites que establece la ley.
Orígenes y trámite de la reforma constitucional
La iniciativa fue planteada originalmente por el presidente Daniel Noboa en el contexto de su gobierno transitorio, como parte de un paquete de reformas políticas y estructurales. El proyecto fue retomado y agilizado por la Asamblea Nacional que se instaló en mayo de 2025, lo que permitió que este 7 de agosto se llevara a cabo el segundo debate y su posterior aprobación.
El informe fue elaborado y presentado por la Comisión Ocasional para las Reformas Constitucionales, presidida por el asambleísta Esteban Torres (ADN). Fue él quien planteó la moción para su aprobación íntegra, destacando que la reforma busca un uso más eficiente de los recursos públicos, en un contexto de ajuste fiscal y lucha contra el despilfarro.
Voces a favor y en contra dentro de la Asamblea
Durante el proceso de votación, se evidenciaron posiciones divididas. Legisladores de distintas bancadas intervinieron para manifestar su apoyo o rechazo al texto propuesto.
A favor de la reforma, los argumentos giraron en torno a:
- La necesidad de reducir el gasto público.
- La desconfianza ciudadana hacia el uso político de recursos estatales.
- La búsqueda de una democracia más austera y participativa.
En contra, se alertó sobre:
- El riesgo de desigualdad electoral, al dejar en desventaja a movimientos sin acceso a financiamiento privado.
- La posible penetración de intereses económicos en los procesos políticos.
- La falta de mecanismos claros para garantizar equidad en las campañas.
¿Qué se mantiene con la reforma?
El presidente de la comisión, Esteban Torres, aclaró que esta reforma no elimina los controles ni los límites del gasto electoral. Las organizaciones políticas seguirán estando sujetas a la fiscalización del CNE, y se mantendrán los techos de gasto para campañas, así como los mecanismos de rendición de cuentas.
Sin embargo, también se reconoce que, de ratificarse la reforma en las urnas, será necesario realizar una reforma a la normativa secundaria, incluyendo la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia), para adecuar el nuevo marco jurídico.
¿Qué sigue tras la aprobación en la Asamblea?
De acuerdo con el procedimiento legal vigente, al tratarse de una reforma parcial a la Constitución, esta deberá ser sometida a referéndum popular. La ciudadanía será quien tenga la última palabra en las urnas, decidiendo si respalda o rechaza la eliminación del fondo partidario y de promoción electoral.
Se espera que el Consejo Nacional Electoral convoque próximamente a esta consulta, una vez cumplidos los plazos legales para la publicación del texto y la difusión de la información a los electores.
Impacto político y electoral de la reforma
La eliminación del fondo partidario representa una modificación profunda del sistema democrático ecuatoriano, que podría tener consecuencias como:
- Mayor concentración del poder político en actores con capacidad económica.
- Debilitamiento de partidos pequeños o emergentes, que históricamente han dependido de los fondos estatales.
- Aumento del clientelismo o financiamiento irregular, si no se refuerzan los controles de transparencia y fiscalización.
Este cambio pone sobre la mesa la necesidad de revisar el modelo de financiamiento político, para asegurar que la equidad, pluralidad y transparencia electoral no se vean afectadas.
Contexto regional: una tendencia en debate
A nivel regional, el debate sobre el financiamiento público vs. privado en campañas electorales está lejos de ser nuevo. Algunos países, como México o Brasil, han optado por mantener esquemas de financiamiento mixto, combinando recursos estatales con aportes privados controlados.
Otros, como Estados Unidos, han privilegiado el financiamiento privado, con controles mínimos, lo que ha generado críticas por la influencia desproporcionada de grupos de poder en los procesos democráticos.
Ecuador, con esta reforma, se inclina hacia un modelo más cercano al segundo, aunque manteniendo restricciones legales, lo cual abre un nuevo capítulo en su historia institucional.
Deja una respuesta