Quito, Ecuador. La Asamblea Nacional se prepara para debatir este viernes, 30 de mayo, en primer debate, un ambicioso y urgente proyecto de ley orgánica destinado a desarticular la economía criminal, un fenómeno profundamente arraigado en el conflicto armado interno y las actividades ilícitas que amenazan la estabilidad económica y social del país.
Esta iniciativa legislativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa Azín y respaldada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), representa un paso firme hacia el fortalecimiento del Estado frente a estructuras delictivas que operan con impunidad en diversos sectores económicos y territorios.
Un proyecto con enfoque integral y urgencia legislativa
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, presidida por la legisladora Valentina Centeno, anunció que este martes, 27 de mayo, se procederá a votar el informe para el primer debate. Este proyecto ha sido tramitado con carácter de urgente en materia económica, lo que permite acortar los plazos habituales del procedimiento legislativo y priorizar su discusión ante la amenaza creciente del crimen organizado.
La ley no solo busca combatir actividades como el lavado de activos, la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando, sino también atacar la estructura financiera que permite a estas organizaciones mantenerse operativas y expandirse.
Objetivos fundamentales del proyecto de ley
El texto legal tiene como finalidad desmantelar las redes financieras y logísticas de las economías criminales mediante una serie de disposiciones que abarcan los siguientes puntos clave:
- Fortalecimiento del control financiero: Se establecerán nuevas facultades para la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que podrá realizar investigaciones más profundas y con mayor agilidad sobre flujos sospechosos de dinero.
- Sanciones más severas: Las penas para quienes colaboren con estructuras delictivas serán incrementadas, incluyendo a funcionarios públicos que faciliten operaciones ilegales mediante corrupción.
- Cooperación interinstitucional: Se promoverá una mayor articulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías, con el fin de compartir información en tiempo real.
- Control de actividades económicas en zonas conflictivas: La ley permitirá intervenir en regiones donde se identifique la presencia de economías ilegales, aplicando medidas de fiscalización rigurosas y suspendiendo licencias comerciales si es necesario.
Contexto del conflicto armado interno y urgencia de acción
La situación de inseguridad nacional, agravada por la declaratoria de conflicto armado interno en enero de este año, ha empujado al Gobierno a tomar decisiones drásticas. Las economías criminales han aprovechado el debilitamiento institucional y la falta de control estatal en ciertas zonas para establecer verdaderos feudos ilegales, donde ejercen poder económico y social.
Daniel Noboa ha declarado que uno de los principales pilares de su mandato será eliminar las bases económicas del crimen organizado, cortando su financiación y capacidad de acción. Esta ley se alinea con esa estrategia y cuenta con amplio respaldo de la ciudadanía, que exige soluciones inmediatas y eficaces.
Reformas clave incluidas en el proyecto
Entre las principales reformas que contempla el proyecto se destacan:
- Modificación del Código Orgánico Integral Penal (COIP): Se introducirán nuevos tipos penales relacionados con el financiamiento del crimen organizado y el uso de empresas fachada.
- Extinción de dominio exprés: Se simplificarán los procesos judiciales para confiscar bienes adquiridos con fondos ilícitos, incluso sin necesidad de sentencia penal firme.
- Regulación de criptomonedas: El uso de activos digitales será supervisado con mayor rigor, para evitar su uso como herramientas de lavado de dinero o evasión fiscal.
- Transparencia en el sector empresarial: Se exigirá mayor revelación de beneficiarios finales en sociedades mercantiles y se castigará el ocultamiento de información.
Reacciones de los actores políticos y sociales
Desde distintas bancadas de la Asamblea, la propuesta ha sido recibida con opiniones divididas. Mientras que ADN y sus aliados ven en este proyecto una herramienta indispensable para recuperar el control del país, sectores de oposición han pedido una revisión técnica más profunda de algunos artículos, especialmente los relacionados con la extinción de dominio, para garantizar el respeto al debido proceso.
Organizaciones de la sociedad civil y gremios empresariales han expresado su apoyo condicionado, solicitando que se eviten excesos en la fiscalización que puedan afectar negativamente a empresas legítimas.
Importancia de la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas
El éxito de esta ley dependerá no solo de su aprobación en el pleno de la Asamblea, sino también de su implementación efectiva y del seguimiento por parte de la ciudadanía. La transparencia, el acceso a la información y la publicación de resultados concretos serán claves para recuperar la confianza pública en las instituciones del Estado.
Asimismo, se espera que este proyecto sirva como precedente legal en la región, al ofrecer un marco jurídico sólido para enfrentar las nuevas formas del crimen transnacional y sus vínculos con la economía formal.
Un llamado a la responsabilidad legislativa
Este viernes 30 de mayo se presenta como una jornada crucial para el país. La aprobación en primer debate del proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal marcará un punto de inflexión en la lucha del Estado contra las estructuras que han minado el desarrollo, la seguridad y la justicia.
Como sociedad, nos corresponde exigir a nuestros legisladores un debate técnico, profundo y responsable, que priorice el bienestar colectivo por encima de los intereses políticos o partidistas. Solo mediante una acción decidida, coordinada y legalmente sustentada se podrá reconstruir un Ecuador libre de corrupción, violencia y crimen.
Este viernes 30 de mayo, la Asamblea Nacional iniciará el primer debate del proyecto de ley que busca desmantelar la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
— Radio Forever (@925forever) May 26, 2025
El informe previo será votado el martes 27 de mayo en la Comisión de Desarrollo Económico, según anunció… pic.twitter.com/68DEnKQ8kq
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