La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la Ley de Amnistía “llega a su fin”, a pesar de que el instrumento legal no establecía una fecha de expiración. El anuncio ocurre apenas dos meses después de su aprobación, generando cuestionamientos sobre su alcance real y su impacto en el sistema judicial.
Según cifras oficiales presentadas por Jorge Arreaza, 8.616 personas han sido beneficiadas, de las cuales 314 se encontraban privadas de libertad. Además, se registraron más de 12.000 solicitudes válidas, lo que refleja una alta expectativa en torno a este mecanismo. Sin embargo, la falta de publicación de un listado oficial de beneficiarios ha generado dudas en distintos sectores.
Organizaciones como Foro Penal sostienen que menos del 25 % de las excarcelaciones recientes se deben directamente a esta ley, mientras que denuncian que aún existen cientos de detenidos por motivos políticos. Esta situación mantiene el foco internacional sobre el país, especialmente tras solicitudes de transparencia por parte de Volker Türk.
La normativa contempla hechos ocurridos desde 1999, pero limita su aplicación a eventos específicos, excluyendo delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. Estas restricciones han reducido el universo de beneficiarios, lo que ha sido señalado como una de las principales debilidades del proceso.
Desde el oficialismo, se defiende que la amnistía cumplió su objetivo en un contexto de alta confrontación política. La medida también se vincula a hechos recientes relacionados con tensiones internacionales y episodios que involucraron al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores.
Paralelamente, el gobierno anunció la creación de una comisión para reformar el sistema penal, enfocada en combatir problemas estructurales como el retardo procesal y la corrupción, lo que podría marcar una nueva etapa en la política judicial del país.
