Autor: Ricardo Rodriguez

El Estado de Derecho es el único camino que garantiza la GOBERNABILIDAD como parte fundamental de la democracia. A su vez, la democracia es la mejor forma de administrar un Estado y la República la mejor forma de organizarlo.

Para lo que no bastan las palabras vacías sin el compromiso sincero y sin ambigüedades, dobleces e incoherencias, aunque éstas sean producto de la naturaleza humana y del instinto motivado por el temor y la desconfianza en los demás.

En mi libro EL EGOÍSMO POLÍTICO incluyo un estudio del Estado de derecho cuyo concepto se basa la actitud ciudadana de respetar la Constitución, las leyes, reglamentos, decretos y otras normas.

Es la intangibilidad de la democracia que depende de la cultura cívica y política de cada individuo y en su conformación de toda la comunidad y de manera especial de los líderes sabios republicanos y democráticos que se comprometen personalmente y en fomentar el compromiso de los demás ciudadanos para una convivencia armónica.

El Estado de derecho va de la mano con la ética y la moral de los individuos en base a las virtudes cívicas que aprendemos desde la familia y la escuela para superar los vicios políticos. Mientras la institucionalidad democrática nos describe cómo es la democracia de un Estado, el Estado de derecho es la forma de ponerla en práctica.

Lo que nos lleva a recordar la necesidad de elevar la cultura republicana y democrática de todos los ciudadanos y demandar el compromiso de los políticos profesionales para evolucionar positivamente.
Mientras los líderes construyen el Estado de derecho, los caudillos lo destruyen, comenzando con el irrespeto de la institucionalidad democrática y provocando la inseguridad jurídica en todos los ambientes nacionales.

Aplicando su conducta política de interventor, autoritario y totalitario en la medida que va captando todos los poderes del Estado y eliminando la alternancia democrática, el control ciudadano y la igualdad ante la ley. Imponiéndose sobre la Constitución y las leyes.

Sin embargo, no se puede garantizar que en todos los países se respete la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en la misma proporción. En unos será mayor la cultura cívica y ciudadana y en otros será menos. Esa es la gran diferencia entre países ricos y países pobres.

En los países ricos la sabiduría de los líderes ha conducido al desarrollo como parte de la conducta democrática y forma de gobierno. A diferencia de aquellos países en que para desgracia de los más necesitados han sido gobernados por «iluminados» de izquierda o de la derecha política buscando solo el interés para unos pocos o para las mayorías circunstanciales.

Por: Washington Delgado L.

#Ecuador #AsambleaNacional #DanielNoboa #GobiernodeNoboa #Quito #Guayaquil

Con la vinculación por concusión de la vicepresidenta Verónica Abad en el «caso Nene» cambia la figura de su estatus y nos obliga como en raras ocasiones tratar este tema dos veces en la misma semana.
Porque si existen y se ratifican como verdaderos los 13 elementos que ha presentado la Fiscalía General del Estado en las 829 fojas y nueve cuerpos que contiene el expediente, sí habrían los elementos de convicción suficientes para que la Corte Nacional de Justicia proceda con el juicio penal y la Asamblea Nacional proceda con la autorización de dicho juicio.

Entre los 13 elementos listados, primero destaca la ampliación de la denuncia de Rommel P. Vincula a la Vicepresidenta en su contratación a cambio de un pago gestionado por su hijo Sebastián Barreiro (hoy libre bajo fianza) más los chats que ha presentado que demostrarían la intervención de la Vicepresidenta en el ilícito. Elementos que han motivado a la Fiscalía General del Estado a cambiar el delito de «oferta de tráfico de influencias a concusión”, y procesar a la vicepresidenta Verónica Abad. Delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, al testimonio de Rommel P., se suman los de 6 funcionarios y exfuncionarios de la Vicepresidencia, y los de dos empleados del hotel en los que se habría negociado la vinculación del denunciante Rommel P.,. Se agrega otras versiones libres, voluntarias y sin juramento de Douglas C., administrador de la suite del hotel en el que se habría dado la reunión entre Rommel P., Sebastián B. y Daniel R., también implicado; la de Marco M. exsecretario general de la Vicepresidencia, quien indicó que la segunda mandataria dispuso la contratación del hoy denunciante en el cargo de coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia; la de Gruber Z., quien es la persona que realizó el pago de una suite del hotel en el que se encontraba hospedado Daniel R. , y en la que en una ocasión le recomendó a la vicepresidenta hospedarse.

El delito de concusión está entre los delitos en la contratación pública en el artículo 281 del COIP, que dice: “Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Sabemos que en el fondo sería penoso en lo personal y en lo político que se demuestre que la Vicepresidenta esté involucrada en el delito de concusión junto con su propio hijo.

De tal manera que la Corte Nacional de Justicia deberá pedir la autorización a la Asamblea Nacional por el fuero de corte y los asambleístas, tal como algunos de ellos han adelantado su posición, si encuentran que los elementos de convicción son contundentes deberán votar a favor del juicio penal.
Sin embargo, habrá que certificarlo y respetar los principios del debido proceso y la presunción de inocencia hasta que los jueces de la CNJ digan lo contrario.

Como decíamos ayer con nuestra entrevistada, la Dra. María del Mar Gallegos, abogada penalista, siendo un tema político podría acelerarse el procedimiento tal como sucedió con Jorge Glas. De lo que se abren tres vertientes, la primera es que se acelere el proceso, tal como sucedió con Jorge Glas; la segunda vertiente es que si aún persisten algunos asambleístas que apoyan a Verónica Abad a pesar de la evidencias, no se alcanzaría los 92 votos necesarios; y no faltará quien insista en que se trata de un tema político entre la Presidencia y la Fiscalía, tal como lo ha dejado entrever la misma Vicepresidenta.

Editorial de 92.5 Forever radio, miércoles 12 de junio de 2024.

Por: Washington Delgado L.

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