Autor: Ricardo Rodriguez

El precio de las sentencias en la Provincia del Guayas tenían un costo entre $2.000 a $150.000 dólares según uno de los investigados en caso purga
Si alguien tenía duda o defendía la posición de los operadores de justicia en la Provincia del Guayas, las declaraciones de Daniel Salcedo en el «caso purga» confirman la veracidad de los chats periciados en los que se negocia las tarifas de las sentencias favorables en la Corte de Justicia del Guayas incluyendo la suspensión y los retrasos de las diligencias y el traslado de cárcel para privados de la libertad.
No se trata, entonces, de malas interpretaciones como alega uno de los procesados como autor, ni se trata de una acusación de los otros operadores que han decidido colaborar con la justicia, sino un testimonio de uno de los beneficiados.
Las cantidades iban entre $ 2.000, $ 3.000 y $ 5.000 dólares para suspender o atrasar diligencias; $70.000 dólares para la orden de traslado a la cárcel 4 al juez Reynaldo C. de la Unidad de Garantías Penitenciarias de la provincia del Guayas quien se encargaba de revisar y analizar recursos o beneficios penitenciarios que solicitaban los procesados; $100.000 dólares para declarar su inocencia en el proceso de peculado al juez Lino T. “Le comenté, dice Salcedo, que el caso era sencillo, pero me dijo que si no pagaba esos valores me sentenciaba con agravantes», y que finalmente no pagó porque el juez fue cambiado.
Pero el monto más grande fue $150.000 que le ofreció a la entonces presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y hoy procesada en el caso Purga, Fabiola Gallardo, quien le dijo que le podía ayudar con sus causas “debido a que el caso estaba débil y que los jueces sí le copian”. Esa cifra iba a ser repartida: $ 50.000 para cada juez y $ 50.000 para Gallardo. Aunque no entregó el dinero “porque los jueces los estaban rotando y cada que rotaba, ella (Fabiola Gallardo) tenía que hacer un acercamiento con los jueces que se asignaban a mis causas”.
En definitiva, Daniel Salcedo asegura que Mayra Salazar y Fabiola Gallardo eran las ‘flechas’ para en Guayas manejar jueces y conseguir sentencias y diferimientos.
Luego de conocer estas realidades la pregunta es ¿qué se puede hacer en nuestro país para recupera la justicia? Sabemos que todo depende de la ética de cada funcionario operador de justicia, para comenzar. Para lo que debe existir la voluntad de respetar el Estado de Derecho y en el fondo, como más importante, respetar el derecho de los demás.
Pero todo comienza en el hogar. Porque los padres tienen la responsabilidad de ejercer la justicia en todas sus formas. Lo mismo en el caso de los educadores quienes también tienen la obligación de saber qué es lo mejor para las niñas y los niños.
En la vida siempre hay una manera correcta de hacer las cosas, cuando se aprende la diferencia entre el bien y el mal.
Tanto educadores como padres deben conocer todas las virtudes que un valor como la justicia puede ofrecer a las niñas; desde ser mejores personas hasta pelear con mundo justo y equilibrado.
Es cierto que enseñar la diferencia entre el bien y el mal parece sencillo cuando se lo dice, pero sí es posible diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. De esa manera, podrá tomar cada una de sus desiciones con la conciencia de saber qué está haciendo y cómo le puede beneficiar (a ella y a los demás).
Y una de las formas más efectivas es con el ejemplo. Ser honestos, justos, rectos y, sobre todo, compasivos y humanos. Recuerda que tus hijos siempre te están observando y aprenden de tu ejemplo.
El valor de la justicia no se limita a los asuntos legales, se extiende a la vida diaria procurando que cada quien reciba lo que le corresponde y tomando decisiones que no afecten negativamente a los demás. No permitamos que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni contra los demás. Justicia.
EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO
@925forever
, LUNES 13 DE MAYO DE 2024
Por Washington Delgado L.

#Ecuador #Guayas #Guayaquil #EditorialForever #urgente #ultimahora

La Ética en la función pública incluye que nadie esté sobre la ley, pero también que nadie haga escándalo presentando denuncias infundadas y sin sustentos por intereses políticos e ideológicos.

Como en cualquier profesión y actividad se considera la necesidad de ser éticos, cuando se trata de asuntos públicos deber existir mayor rigurosidad por tratarse del poder económico y político que el pueblo le encarga a los funcionarios públicos y a los representantes de fundaciones y gremios, incluyendo el respeto al estado de derecho basado en valores que guían la conducta en sus decisiones y acciones para un efectivo servicio a la ciudadanía y cumplir con el bien común.

En esta semana hemos sido testigo de dos hechos que traen al primer plano la necesidad de la Ética del servidor público, como son los casos de la crisis energética y el caso Olón. En el caso de la crisis energética, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el ministro (e) de Energía y Minas, Roberto Luque, acaba de denunciar ayer que el gobierno de Daniel Noboa Azín identificó la existencia de lo que serían ‘mafias’ que tienen relación con los proveedores de energía y de aquellos que dan mantenimiento a las centrales del país.

A una de las preguntas de la legisladora Adriana García, Luque, según el diario El Universo, respondió: «Existen varios problemas en el sector energético. Existe el problema de proveedores de combustible, de diésel, que no quieren que se les acabe el negocio. Existen problemas de los proveedores de mantenimiento de electricidad que siempre son los mismos contratados y que a cuenta de que tienen representaciones ponen sobreprecios.

Existen temas de contratos colectivos… Entonces, cuando me habla de mafias podemos referirnos a estas, que son un gran problema en el sector energético». En conclusión hizo énfasis en que existe la presencia de personas mal intencionadas y la omisión en la gestión de su predecesora Andrea Arrobo, con lo que se evidencia que no existió ni existe Ética en estas personas como funcionarios públicos, porque ponen sus intereses políticos y económicos sobre los intereses de la ciudadanía.

En el caso de Olón, como lo vimos ayer, existen dos versiones con el peligro que conlleva al crear escándalos con datos incompletos o manipulados como cuando los denunciantes dieron la información sobre trámites concedidos por el Ministerio del Ambiente en tiempo récord, que se habría talado mangle en una zona protegida y no se habría realizado la consulta previa a la comunidad. De tal manera que la opinión pública se escandalizó. Pero bajando un poco las aguas turbias, vemos que la información no es del todo cierta por decir lo menos.

Consultada por el sitio digital Primicias, la abogada ambientalista María Amparo Albán, «apunta a que existe confusión de palabras y conceptos en temas ambientales. Por ejemplo, entre un área protegida del SNAP y un bosque protector. Y en el caso del Esterillo Oloncito, ésta no es un área protegida, dice, sino un bosque protector, que es una categoría de manejo forestal consagrada en la antigua ley de la década del 80. Por lo que tener un bosque protector «no equivale a que sea un área protegida o restringida para el desarrollo de actividades productivas», asegura Albán, aunque sí obliga a cumplir con las medidas de manejo especificadas en el Código Orgánico del Ambiente.

«Para realizar cualquier tipo de actividad en un bosque protector, la norma requiere obtener un permiso que se llama registro ambiental, pagando las tasas y haciendo un registro forestal, si se va a intervenir una zona de bosque», explica. Este registro se hace por Internet, como un trámite ordinario, porque la ley lo faculta, argumenta. En el caso del proyecto un Olón, dice Albán, hay un estero, «como en muchas ciudades de la Costa», donde todas las construcciones turísticas se hacen alrededor de los esteros. Estos no son terrenos del Ministerio de Ambiente, asegura Albán, sino privados. Pero los derechos de propiedad no se anulan por las categorías de manejo ambiental, «sino que el dueño del predio se obliga a cumplir con los planes de manejo y mitigación, más aún en el tema hídrico», indica.

Para Albán, la empresa no tiene la obligación de realizar una consulta ambiental, que solo aplica para los proyectos de alto impacto «y este no es el caso», por lo que opina que detrás de este escándalo hay un tema ideológico «para suprimir la capacidad de inversión». Con esta información de la experta, lo que se espera es que todo se lo maneje dentro de le Ética pública y se contraste entre la Ética de los funcionarios y la de los denunciantes.

Por> Washington Delgado L.

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