Autor: Ricardo Rodriguez

Con la vinculación por concusión de la vicepresidenta Verónica Abad en el «caso Nene» cambia la figura de su estatus y nos obliga como en raras ocasiones tratar este tema dos veces en la misma semana.
Porque si existen y se ratifican como verdaderos los 13 elementos que ha presentado la Fiscalía General del Estado en las 829 fojas y nueve cuerpos que contiene el expediente, sí habrían los elementos de convicción suficientes para que la Corte Nacional de Justicia proceda con el juicio penal y la Asamblea Nacional proceda con la autorización de dicho juicio.

Entre los 13 elementos listados, primero destaca la ampliación de la denuncia de Rommel P. Vincula a la Vicepresidenta en su contratación a cambio de un pago gestionado por su hijo Sebastián Barreiro (hoy libre bajo fianza) más los chats que ha presentado que demostrarían la intervención de la Vicepresidenta en el ilícito. Elementos que han motivado a la Fiscalía General del Estado a cambiar el delito de «oferta de tráfico de influencias a concusión”, y procesar a la vicepresidenta Verónica Abad. Delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, al testimonio de Rommel P., se suman los de 6 funcionarios y exfuncionarios de la Vicepresidencia, y los de dos empleados del hotel en los que se habría negociado la vinculación del denunciante Rommel P.,. Se agrega otras versiones libres, voluntarias y sin juramento de Douglas C., administrador de la suite del hotel en el que se habría dado la reunión entre Rommel P., Sebastián B. y Daniel R., también implicado; la de Marco M. exsecretario general de la Vicepresidencia, quien indicó que la segunda mandataria dispuso la contratación del hoy denunciante en el cargo de coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia; la de Gruber Z., quien es la persona que realizó el pago de una suite del hotel en el que se encontraba hospedado Daniel R. , y en la que en una ocasión le recomendó a la vicepresidenta hospedarse.

El delito de concusión está entre los delitos en la contratación pública en el artículo 281 del COIP, que dice: “Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Sabemos que en el fondo sería penoso en lo personal y en lo político que se demuestre que la Vicepresidenta esté involucrada en el delito de concusión junto con su propio hijo.

De tal manera que la Corte Nacional de Justicia deberá pedir la autorización a la Asamblea Nacional por el fuero de corte y los asambleístas, tal como algunos de ellos han adelantado su posición, si encuentran que los elementos de convicción son contundentes deberán votar a favor del juicio penal.
Sin embargo, habrá que certificarlo y respetar los principios del debido proceso y la presunción de inocencia hasta que los jueces de la CNJ digan lo contrario.

Como decíamos ayer con nuestra entrevistada, la Dra. María del Mar Gallegos, abogada penalista, siendo un tema político podría acelerarse el procedimiento tal como sucedió con Jorge Glas. De lo que se abren tres vertientes, la primera es que se acelere el proceso, tal como sucedió con Jorge Glas; la segunda vertiente es que si aún persisten algunos asambleístas que apoyan a Verónica Abad a pesar de la evidencias, no se alcanzaría los 92 votos necesarios; y no faltará quien insista en que se trata de un tema político entre la Presidencia y la Fiscalía, tal como lo ha dejado entrever la misma Vicepresidenta.

Editorial de 92.5 Forever radio, miércoles 12 de junio de 2024.

Por: Washington Delgado L.

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Las premisas y creencias falsas son las que han mantenido el subsidio a los combustibles por 50 años sin dar los resultados que se esperaban. Por lo que se debe eliminar de la narrativa popular las falsas creencias estableciendo la verdad y dejar de vivir engañados.

Ayer en rueda de prensa los líderes de las marchas y manifestaciones que se darán mañana manifestaron tres premisas o creencias para argumentar su oposición.

Una primera premisa falsa que utilizan es que el subsidio a los combustibles ayuda a los pobres y la segunda premisa es que debe de ser permanente. Una tercera premisa que han incorporado es que la eliminación de subsidios obedece al sometimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Premisas que deben ser confrontadas con la realidad y la razón que nos dice que este subsidio no ha eliminado la pobreza en sus 50 años de vigencia. Según el INEC a diciembre 2023 la pobreza por ingresos golpea al 23,9% de los ecuatorianos y la pobreza multidimensional al 36,9%.

En segundo lugar, existe un concepto errado al considerar que los subsidios deben ser permanentes, porque el verdadero concepto de subsidio es que se concede como herramienta de progreso mientras se sufre la carencia o el ciudadano está imposibilitado de salir de ese estado por sí mismo.

El mejor subsidio es el que le da empleo digno para que perciba sus propios ingresos y mejore su estándar de vida. A eso debe dedicar el Estado sus recursos. La educación, la salud y los servicios básicos son los que reducen la pobreza cuando crean igualdad en las oportunidades de empleo más la seguridad jurídica.

Para un todavía mejor análisis, también sería oportuno hacer un estudio de lo que Ecuador ha perdido al dejar de hacer obra pública y de mejorar los servicios de educación y salud, por ejemplo, creando mejor infraestructura en colegios, universidades. Igualmente, hacer una ponderación entre cuánto de subsidio ha sido mantenido endeudando al país.

Como no se conoce con exactitud cuánto dinero ha destinado Ecuador para esta subvención durante estas cinco décadas, podríamos considerar que sólo desde 2007 hasta el 2023, 16 años, el Estado ha gastado más de $31.000 millones de dólares, según cálculos del Grupo Faro.

Si obtenemos un promedio como referencia, nos da $1.937,5 millones que multiplicados por los 50 años de vigencia desde el año 1974 al siguiente año de haber comenzado a explotar el petróleo en el Gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, la cifra estimada llegaría a $96.875 millones de dólares.

7. Sólo en el 2024 el Gobierno ha destinado al menos $ 7.799,56 millones por subsidios tanto de combustibles como para el sector social.

En este año los combustibles tendrán el subsidio por $ 3.042 millones. El mayor rubro se lo lleva el diésel con $ 1.506,41 por el transporte, seguido del GLP con 737,20 millones y en tercer lugar $ 631,08 millones de gasolinas.

En Ecuador hace falta mayor razonamiento para eliminar las falsas creencias que complican la convivencia pacífica. Labor que le corresponde, ojalá fuera así, a quienes dirigen la educación y la información.

Porque si bien existen personas que encuentran la verdad por sí mismo, otros, en cambio, necesitan una guía y otro grupo indiferente y poco interesados en conocer la verdad, necesitan ser empujados a través de las razones.

Ecuador necesita una medicina fuerte así como el cuerpo que está contaminado para purgar las premisas falsas. En la práctica se recomienda que ese ejercicio sea individuo por individuo para llegar a la comunidad.

A veces toca ser contemplativo y comprensivo por el tema de la falta de información o de la misma orientación en la educación.

EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, MARTES 11 DE JUNIO DE 2024

Por: Washington Delgado L.

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