Autor: Ricardo Rodriguez

Pese a que tienen otros temas pendientes, los juicios politicos copan la agenda de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y cuya presidenta es la correísta Pamela Aguirre. 

Es así, que los integrantes de la comisión fueron llamados, en modalidad virtual, este sábado 7 de septiembre. El objetivo es «conocer y analizar» la sentencia del juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, Édgar Romero Salazar.

El pasado 22 de agosto, Romero falló a favor de la asambleísta de gobierno, Inés Alarcón, que interpuso una acción de protección pidiendo que se levante el archivo de tres juicios políticos a exfuncionarios de Guillermo Lasso.

Específicamente son los procesos contra el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo.

Además, el juez dispuso que se suspenda el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que ya se estaba en curso, para que se resuelvan los procesos de fiscalización a los tres exfuncionarios.

Esos dos temas deberán analizar y, eventualmente, resolver los integrantes de la comisión, en la que el correísmo tiene el manejo, aunque no los votos asegurados para contar siempre con una mayoría.

Resta aún saber cuándo Aguirre hará la convocatoria para calificar y unificar los dos juicios políticos planteados por la bancada de la Revolución Ciudadana en contra de la fiscal General del Estado, Diana Salazar.

Juez impone multa
El juez Édgar Romero impuso este 6 de septiembre una multa progresiva a los integrantes de la Comisión de Fiscalización por no haber acatado la sentencia del 22 de agosto.

Esto, al considerar que la respuesta que emitió la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, sobre el cumplimiento de la sentencia era «ambigua» y no menciona las acciones ejecutadas para la sustanciación de los juicios políticos de los exfuncionarios.

#AsambleaNacional #ComisióndeFiscalización #GuillermoLasso #DianaSalazar #PamelaAguirre

Las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) determinan que en el período de gobierno de Rafael Correa hubo 7.379 muertes de intención indeterminada relacionadas a hechos violentos en el período 2008-2017, mientras el correísmo se jactaba de ser el país más seguro de la región.

Esto motivo que Arduino Tomasi, investigador de la Universidad de Chicago en la Harris School of Public Policy, revisara los datos del INEC para saber por qué esa cifra nunca salió a la luz. Según Tomasi, no se puede saber si esas muertes fueron asesinatos, sicariatos, suicidios, accidentes de tránsito, ya que las instituciones lo catalogaron como indeterminado.

Pero lo que sí se puede saber, ha explicado Tomasi, es que el tiempo y la ubicación geográfica en las que sucedieron. Según el investigador, estas muertes se concentran cantones por donde se transporta la droga, por ejemplo, en la Frontera Norte. Asimismo, ha referido, que coincide en temporalidad con los decomisos o incautaciones de droga.

Tomasi va más allá: esta tendencia habría sucedido tras la salida de la Base de Manta en 2009. Dice que, si era un país seguro y si la tasa de homicidios estaba a la baja, como ha defendido Rafael Correa, ¿por qué aumentaban las muertes violentas?

Obviamente el correísmo ha justificado temas estadísticos y manipulación de la información en etapa electoral. Pero el presidente Daniel Noboa acaba de pedir que el INEC realice una auditoría interna “ante la investigación que evidencia la posibilidad de una manipulación sistémica de los datos de homicidios durante gobiernos pasados”.

También pide a la Fiscalía que inicie una investigación ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos. La carta de Noboa también pide investigar la gestión del exasesor de salud de la Presidencia entre 2011 y 2023, Pablo Aníbal Izquierdo, quien fue detenido por supuesto delito de pornografía hace dos meses.

Esto debido a que las muertes indeterminadas tendrían relación con desapariciones y trata de personas.

Muchos se preguntarán, ¿para qué desenterrar el pasado? La respuesta es una sola: Justicia. Esto no es una cuestión política”, escribió Noboa.

#Ecuador #DanielNoboa #INEC #ArduinoTomasi #RafaelCorrea

En el marco del Caso Pantalla, cerca de las 10:41 de este jueves, 5 de septiembre de 2024, se procedió con el allanamiento en los departamentos de TIC y Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

El objetivo -según la Fiscalía General del Estado- es recabar documentación relacionada con la causa.

Varios allanamientos se realizaron dentro del caso denominado Pantalla. Las autoridades investigan un presunto tráfico de influencias en el marco del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia que arrancó en 2023 y fue declarado nulo en enero de 2024.

Dos personas fueron detenidas dentro de la investigación: Santiago C. y Milton Fabricio H. Estas personas trabajaron presuntamente como asesores de Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura.

La Fiscalía señaló que en el operativo (ejecutado por la Unidad Selecta de Transparencia de la Fiscalía y la Policía Nacional) también obtuvieron pruebas para sustentar estas irregularidades.

La tesis de la Fiscalía presume que, en dicho concurso, hubo irregularidades dentro del Consejo de la Judicatura, entidad a cargo del proceso.

Ocurrió mientras Wilman T. (procesado en el caso Metástasis) fue presidente del Consejo.

Sectores como la Federación Nacional de Abogados y el Colegio de Abogados de Pichincha presentaron una acción de protección para suspender el concurso que seguía pese a las críticas.

En enero de 2024, el Consejo de la Judicatura declaró la nulidad insanable del proceso.

#casoPantalla #ConsejodelaJudicatura #WilmanTerán #IvánSaquicela

El 11 de agosto de 2023, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las pruebas usadas contra el exvicepresidente Jorge Glas en el caso Odebrecht.

El magistrado José Dias Toffoli extendió a Glas una decisión para anular pruebas que antes habían beneficiado a políticos brasileños que también fueron investigados en dicho caso, principalmente el ahora presidente de ese país, Luis Inácio Lula da Silva.

Lula fue condenado a ocho años de prisión en el 2018 por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro, que luego fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.

En el 2021, no obstante, el Supremo Tribunal Federal de Brasil revocó la condena de Lula argumentando que no se le habían respetado sus derechos. Y luego, Ricardo Lewandowski, juez del mismo tribunal, resolvió que los documentos y las confesiones de ejecutivos de Odebrecht que citaban a Lula carecían de validez porque el acuerdo que la empresa negoció con la Fiscalía fue impulsado por Moro.

Un año después de la decisión de la justicia de Brasil que benefició a Glas, la Fiscalía General revela un documento en el que se explica a detalle cómo el exvicepresidente puedo conseguir que las anulación de pruebas en Brasil lo alcanzara.

Se trata de una carta que le envió Sonia Vera, quien es parte del equipo de defensa internacional de Glas, a su cliente el 21 de abril del 2023. Ese escrito actualmente es parte del expediente del caso Plaga, en el cual se investigan actos de corrupción que involucran a jueces, fiscales, policías y juristas.

En ese documento, la abogada de Glas le explica que el juez de Brasil, Ricardo Lewandowski, había invalidado todas las pruebas contra Lula da Silva. Este hecho generaría, a criterio de la jurista, la posibilidad de que esa nulidad se extienda al exvicepresidente.

“Debido a la amistad que tengo con Rodrigo Tacla desde hace algunos años, me dijo que se podría extender la nulidad a usted, Jorge”, señala Vera en el escrito.

Tacla es un abogado que fue señalado como el presunto cerebro financiero de la trama de corrupción del caso Odebrecht.

La abogada le explica a Glas que debían contratar al abogado brasileño Leandro Ponzo.

En un principio, Vera señala que Tacla se ofreció a costear ese servicio, pero luego le preguntaron al presidente (no precisa nombre) y no aceptó. Los honorarios de los abogados se fijaron en $ 120.000. “Yo hablé con Rodrigo y se bajó a $ 50.000″, señala.

En el documento también se incluye que los pagos se realizarían así: $ 10.000 al firmar el contrato y luego el abogado Ponzo recibiría $ 2.000 mensuales durante seis meses. Tras conseguir la extensión de la nulidad se le cancelaría el restante de los $ 50.000.

Según la explicación de Vera, la estrategia de trabajo y el escrito se presentaría en el Juzgado Federal de Curitiba de Brasil y en el Tribunal Supremo Federal brasileño para anular toda la cooperación internacional de Brasil y Ecuador. Entre las pruebas que acordaron anular estaba la cooperación de José Concienciao Santos, exejecutivo de Odebrecht, con Ecuador.

La estrategia pactada entre Glas y su abogada habría dado resultados, ya que la nulidad de las pruebas que se logró para Lula alcanzó al vicepresidente ecuatoriano.

Glas fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht a fines del 2017. El fallo quedó en firme en el 2019.

Al año siguiente fue sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, junto con otras figuras del correísmo, incluyendo al expresidente Rafael Correa.

Fuente: El Universo

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