¿Por qué unos creen que el Estado es mal administrador y por qué otros creen que si es buen administrador?
Para comenzar, el análisis debería partir desde los resultados para deconstruir las situaciones que evidencian la ineficiencia que, por ejemplo, hoy vivimos con los apagones que tanto daño le hace a la economía y a los ciudadanos por la mala administración del Estado históricamente.
Hoy, los sectores productivos de industria y comercio ven cómo se incrementan sus pérdidas y una parte de ellos se ven obligados a cerrar sus negocios y a los ciudadanos a perder sus empleos.
Ante esta realidad, los empresarios consideran que el Estado es mal administrador, porque afecta a sus intereses y a su contribución al país. Tanto en el aporte económico y sobre todo en generación de empleo.
Pero los ideólogos de izquierda dicen que la razón es haber antepuesto el capital sobre los humanos y que ellos sí son capaces de administrar bien al Estado si aplican la justicia social y que son los empresarios o las élites económicas los responsables de la pobreza que se apodera del Estado.
Para encender luces sobre esta controversia, hoy más que nunca se debe «deconstruir estas realidades». Primero debemos ser sinceros y sin pasionismo trabajar en el análisis con la verdad. Siempre con la buena intención de unificar criterios para ver al Ecuador de la misma manera.
Pero lamentablemente la diferencia de la posición de análisis no están en la razón o en los argumentos, sino en la posición política en lo ideológico. Posiciones extremas que tanto daño le han hecho y sigue haciendo al país y en especial a los sectores de menos recurso que dicen defender los de extrema izquierda.
Sin embargo, si aplicáramos la razón y eleváramos el debate, la base del análisis debe calificar en qué nivel está la calidad de los los servicios públicos que el Estado ecuatoriano se ha reservado como exclusivos y que sólo da opción al sector privado bajo concesiones. Así, cada ciudadano debería calificar entre buenos y malos a los servicios públicos.
El artículo 314 dice que «El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley». ¿Cuál es la calificación ciudadana? Entre ellos ¿cómo se califica a las empresas públicas y a las privadas?
Y, si es que realmente vivimos en democracia y reflexionamos sobre el «derecho exclusivo del Estado de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia» (art. 313, primer párrafo). A esta disposición constitucional qué respuesta le damos a la pregunta: ¿el Estado «en realidad» ha cumplido con la eficiencia?
En el segundo párrafo del mismo artículo dice que «Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social». A este respecto debemos responder a la pregunta ¿el Estado ecuatoriano ha orientado al pleno desarrollo de los derechos y al interés social los sectores estratégicos?
Y en el tercer párrafo ¿hicieron bien los constituyentes al incluir a «la energía en todas sus formas» como sector estratégico? O ¿debió dejarla a la inversión privada bajo el control estatal?
EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
Por: Washington Delgado L.
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