Autor: Ricardo Rodriguez

La segunda vuelta presidencial de Colombia no solo definirá quién reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, sino también el rumbo de la relación entre Colombia y Ecuador. Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda mantienen posturas distintas sobre seguridad, economía y cooperación internacional, aspectos que impactan directamente en los vínculos con el gobierno de Daniel Noboa.

Durante la campaña electoral, De la Espriella y Noboa protagonizaron un acercamiento público que llamó la atención en ambos países. A través de un mensaje conjunto difundido antes de la primera vuelta, los dos líderes abordaron temas relacionados con comercio, seguridad fronteriza y lucha contra el crimen organizado.

Uno de los puntos destacados fue la eliminación de la tasa de seguridad aplicada a ciertas importaciones colombianas. La medida ayudó a reducir tensiones comerciales y fue interpretada como una señal positiva para fortalecer la cooperación bilateral. Posteriormente, tras los resultados de la primera vuelta, Noboa felicitó públicamente a De la Espriella por su desempeño electoral.

La seguridad como eje de la relación bilateral

La coincidencia entre De la Espriella y Noboa se refleja principalmente en sus propuestas de seguridad. El candidato colombiano plantea fortalecer las Fuerzas Armadas, endurecer la lucha contra las organizaciones criminales y reforzar la cooperación internacional contra el narcotráfico.

Estas iniciativas guardan similitud con las políticas impulsadas por el Gobierno ecuatoriano, que ha priorizado acciones contra bandas criminales y grupos vinculados al narcotráfico. La cercanía entre ambos líderes podría facilitar acuerdos conjuntos para enfrentar amenazas comunes en la frontera compartida.

Cepeda propone una visión diferente

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, ha mostrado una postura distinta respecto a Ecuador y al presidente Noboa. Durante la campaña, cuestionó algunas acciones relacionadas con el mandatario ecuatoriano y defendió la continuidad de políticas inspiradas en la estrategia de “Paz Total”.

Su propuesta se enfoca en fortalecer programas sociales, impulsar el desarrollo rural y atender las causas estructurales de la violencia. Este enfoque contrasta con la política de seguridad aplicada actualmente en Ecuador.

Nariño y Putumayo, territorios estratégicos

Los departamentos de Nariño y Putumayo tienen especial importancia para Ecuador debido a su ubicación fronteriza y a los desafíos de seguridad que enfrentan. La cooperación entre ambos países resulta clave para combatir el narcotráfico, controlar actividades ilícitas y fortalecer el comercio en una de las zonas más sensibles de la región andina.

El ministro del Interior, John Reimberg, descartó la implementación de nuevos toques de queda y confirmó que, por ahora, el Gobierno no prevé renovar los estados de excepción en Ecuador. Las declaraciones fueron realizadas este lunes 1 de junio de 2026 durante su asistencia a la Asamblea Nacional para la entrega del proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Según explicó el funcionario, aunque no existen planes para imponer restricciones de movilidad, las autoridades continuarán ejecutando acciones de seguridad en diferentes provincias del país. Reimberg señaló que el Bloque de Seguridad se reunirá este martes en Manabí para evaluar la situación actual y definir nuevas medidas dentro de la estrategia nacional contra las organizaciones criminales y el narcotráfico.

El ministro enfatizó que la presión sobre las estructuras delictivas se mantendrá de forma permanente. Además, recordó que el presidente Daniel Noboa ha señalado en varias ocasiones que los grupos criminales buscan desgastar al Gobierno mediante actos de violencia e intimidación. Sin embargo, sostuvo que las acciones estatales continuarán enfocadas en debilitar a estas organizaciones y recuperar la seguridad para los ciudadanos.

“No se avecina un toque de queda”, afirmó Reimberg al referirse a los rumores sobre posibles restricciones en algunas zonas del país. También destacó que los resultados obtenidos en recientes operativos reflejan el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Amenazas contra jueces electorales

Durante su intervención, el ministro también abordó las amenazas dirigidas contra jueces electorales. Indicó que ha mantenido reuniones con las autoridades competentes para coordinar acciones de protección y garantizar la seguridad de quienes desempeñan funciones dentro del sistema de justicia.

Reimberg explicó que existe un plan permanente de evaluación de riesgos que permite determinar las medidas de seguridad necesarias para cada caso. Actualmente, varios jueces cuentan con resguardo policial y, en determinadas situaciones, las medidas de protección han sido reforzadas.

Asimismo, aseguró que el Gobierno respaldará a los operadores de justicia que actúen con firmeza frente a la delincuencia. Este apoyo incluye tanto a jueces como a fiscales, quienes desempeñan un papel clave en los procesos de investigación y sanción de actividades criminales en Ecuador.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia y aseguró que los ecuatorianos necesitan que el país vecino experimente un cambio que permita fortalecer la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

Tras la jornada electoral, Colombia definió una segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, representante del oficialista Pacto Histórico. En este contexto, Reimberg manifestó su expectativa de que el próximo gobierno colombiano adopte medidas más firmes contra las organizaciones criminales.

El funcionario sostuvo que uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta Ecuador está relacionado con la frontera compartida con Colombia. Según explicó, esta zona continúa siendo utilizada para el tránsito de drogas, armas y grupos vinculados al crimen organizado, lo que representa un desafío constante para las autoridades ecuatorianas.

Reimberg señaló que durante visitas realizadas a sectores fronterizos observó una limitada presencia de fuerzas de seguridad colombianas. A su criterio, Ecuador necesita una mayor cooperación del país vecino para combatir las estructuras criminales que operan en ambos lados de la frontera.

Asimismo, destacó que el control fronterizo debe ser una responsabilidad compartida. En ese sentido, afirmó que Ecuador ha realizado importantes esfuerzos para reforzar la vigilancia y las operaciones de seguridad, pero considera indispensable que Colombia incremente sus acciones para enfrentar la producción y el tráfico de cocaína.

El ministro también mencionó la conversación mantenida entre el presidente Daniel Noboa y el candidato Abelardo de la Espriella. Según indicó, el diálogo permitió abordar temas relacionados con la seguridad regional y la cooperación bilateral.

Las declaraciones de Reimberg reflejan la importancia que tienen las elecciones colombianas para Ecuador, especialmente por el impacto que las decisiones políticas del país vecino pueden generar en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Para el Gobierno ecuatoriano, una mayor coordinación entre ambas naciones será clave para fortalecer la seguridad en la frontera y reducir las amenazas que afectan a la región.

La asambleísta Mishel Mancheno, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó este 1 de junio de 2026 un proyecto de ley antimafias que busca fortalecer las capacidades del Estado ecuatoriano frente al avance del crimen organizado.

La propuesta contempla 14 reformas legales, de las cuales once corresponden al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una a la Ley de Extinción de Dominio y dos al Código Orgánico de la Función Judicial. El objetivo es cerrar vacíos legales que permiten a las organizaciones criminales mantener sus operaciones, reclutar nuevos miembros y conservar bienes obtenidos de manera ilícita.

Según la proponente, el crimen organizado funciona mediante una estructura compleja integrada por líderes, financistas, reclutadores, colaboradores logísticos, operadores financieros y personas encargadas de intimidar a víctimas y testigos. Por ello, la iniciativa busca atacar todos los niveles de estas redes delictivas.

Cambios al COIP

Las reformas plantean modificaciones al delito de delincuencia organizada, incorporando nuevas figuras como la pertenencia funcional a una organización criminal, el reclutamiento de personas para actividades ilícitas y el uso de infraestructura destinada a operaciones delictivas.

Además, se fortalecen las normas relacionadas con la prisión preventiva y la evaluación de riesgos en casos de crimen organizado. Los jueces deberán considerar factores como capacidad económica, control territorial, redes de apoyo y riesgo de continuidad criminal antes de conceder medidas sustitutivas.

Bienes incautados y extinción de dominio

La reforma a la Ley de Extinción de Dominio permitirá administrar temporalmente bienes vinculados a actividades ilícitas para evitar su deterioro, abandono o pérdida de valor. También se contempla la asignación temporal de estos activos para fines de utilidad pública mientras se desarrollan los procesos judiciales.

Responsabilidad judicial y profesional

El proyecto incorpora sanciones disciplinarias para casos en los que no exista una adecuada motivación jurídica en decisiones relacionadas con prisión preventiva cuando la ley lo exija.

Asimismo, establece la posibilidad de inhabilitar profesionalmente a abogados condenados por delitos relacionados con crimen organizado, lavado de activos, corrupción u obstrucción de la justicia cuando estos hechos estén vinculados con el ejercicio de su profesión.