Autor: Ricardo Rodriguez

La jueza Nubia Vera aceptó la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad y la restituyó en su cargo. La audiencia se desarrolló la mañana de este lunes 23 de diciembre del 2024 en la Unidad Judicial de la Familia, en Quito.

Como medida de reparación integral, la magistrada dispuso que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, pida disculpas públicas a Abad a través de un mensaje a la Nación en un lapso de 72 horas y que el documento se publique en la página web del Ministerio. Una vez finalizada la audiencia, la ministra precisó que apelará a la decisión.

Vera señaló que en el sumario administrativo, hubo una vulneración a los derechos constitucionales de Abad y una vulneración al debido proceso.

Además, se dispuso la cancelación de haberes a la Vicepresidenta desde el momento en el que fue suspendida.

Tras conocer la sentencia la vicepresidenta Abad señaló que se dirigirá a su despacho en el edificio de la Vicepresidencia de Ecuador.

Jueza denuncia amenazas
Al finalizar la audiencia, la jueza Nubia Vera, denunció que recibió amenazas por parte del Consejo de la Judicatura para que fallara en contra de Abad.

«También tengo la flash memory en la que me ponían cómo tengo que fallar», dijo la jueza Vera, en declaraciones a los medios de comunicación. Según dijo, en días pasados recibió en su despacho una visita del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy y el Director Provincial de Pichincha, Henry Gaibor para presionarla a actuar en contra de la vicepresidenta.

Mencionó que la amenazaron con destituirla de su cargo y abrirle sumarios administrativos. «Estos hechos los denuncio porque mi carrera está en juego», señaló la magistrada.

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La desaparición de cuatro niños en Las Malvinas, sur de Guayaquil, ha causado conmoción en todo Ecuador. Este lunes 23 de diciembre de 2024, el presidente Daniel Noboa se volvió a referir al tema durante un enlace radial. 

«Estamos del lado de la justicia. Haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie», aseguró el mandatario en el enlace radial. 

Noboa reiteró que ha solicitado a la fiscal Diana Salazar que se involucre en esta investigación.

Además, indicó que ha sugerido a una comisión «que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales».
Aseguró que también ha conversado directamente con el ministro de Defensa y «tiene que haber completa colaboración de todas las instituciones del Estado.

No pueden atrasar absolutamente nada».
Al ser consultado sobre si este caso se puede considerar una desaparición forzada, el presidente Noboa dijo que «todavía no es el momento» para tratarlo como tal, porque debe existir «un análisis técnico, una determinación por parte de Fiscalía».

Noboa también mencionó en el enlace radial que le parece «vergonzoso» que Ricardo Patiño, de la Revolución Ciudadana, haya publicado un video sobre este tema, con los padres de los menores desaparecidos.

Sobre este video también se pronunció el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien calificó como «una verguenza» el material difundido. Alvarez se pronunció en la red social X, aunque luego borró la publicación.

El presidente inicialmente se pronunció sobre este caso el domingo 22 de diciembre, a través de sus redes sociales, en medio de una ola de reclamos y pronunciamientos de organizaciones sociales, y ofreció «cero impunidad». 

La desaparición de los cuatro niños
Los niños desaparecidos fueron identificados como Josué e Ismael Arroyo, ambos hermanos de 14 y 15 años; y sus amigos, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de apenas 11 años.

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La defensa de Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de la República en el gobierno de Rafael Correa y preso por hechos de corrupción, solicitó en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí que se analice la aplicación de una medida de seguridad, contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que sea trasladado a un hospital psiquiátrico por padecer un trastorno relacionado con intentos de suicidio.

En este hecho se procesa a nueve personas, entre ellas, el exsegundo mandatario, Jorge Glas y los exministros Walter Solis y Carlos Bernal, y otras seis personas por peculado.

La diligencia inició con el conocimiento de los posibles vicios de nulidad que expresen los sospechosos. En su caso, la defensa técnica de Jorge Glas, que cumple una sentencia por cohecho en la cárcel La Roca, a cargo del abogado Andrés Villegas Pico, apuntó a tres vicios de nulidad.

Según Villegas esa fue una detención ilegal porque se violaron convenios internacionales y, además, porque el parte de detención se elaboró con “contenido falso porque se consignó como lugar del evento, la Unidad de Flagrancia en la avenida Patria”.

La defensa continuó con el relato de que hay informes psiquiátricos suscritos por médicos del Ministerio de Salud Pública que establecen que Jorge Glas se encuentra en una alta probabilidad de que atente en contra de su vida.

Villegas increpó que después de la revisión médica, no lo llevaron a observación de un médico psiquiatra y evocó una medida dispuesta en el COIP respecto de esta condición.

En ese sentido, el abogado pidió al juez Aguirre que se pronuncie sobre este posible vicio de nulidad del caso y si “cabe o no cabe la aplicación de esta medida de seguridad”.

El magistrado otorgó este receso, por lo que la diligencia se retomaría en horas de la tarde.

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, volvió a aparecer en redes sociales este jueves 19 de diciembre de 2024. Esta vez para responder a los pedidos de información que Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, hizo al Ministerio Público.

Entre las solicitudes, Aguirre pedía le informen si Diana Salazar se encuentra en Ecuador ejerciendo sus funciones.

En caso de que la respuesta sea negativa, pedía se le detalle bajo qué figura jurídica (vacaciones, licencia con remuneración, licencia sin remuneración…) se encuentra fuera del país.

Para Salazar, la verdadera intención de Aguirre es conocer su ubicación. «¿Desde cuándo eso (su ubicación) es importante para la opinión pública?», cuestionó.

Y agregó que su ubicación solo puede interesarle «a las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia. «… parecería que desde ciertos movimientos tuvieran como objetivo hacerles el trabajo más fácil, como ha venido ocurriendo en todo este tiempo, porque resulta que es más importante conocer mi ubicación que la de los procesados del caso Metástasis -por ejemplo-, que continúan prófugos», enfatizó.

Esta pugna ocurre en medio de un pedido de comparecencia para hablar sobre los chats filtrados de Fernando Villavicencio. Salazar cuestionó esto, y dijo que mientras ella enfrenta a «complejas estructuras criminales», en Fiscalización reciben a «procesados, sentenciados y prófugos». Uno de los convocados a esta mesa legislativa fue Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, quien cumplió una condena por abuso sexual.

Por último, la fiscal criticó que la solicitud de comparecencia ocurre cuando está en la semana 40 de su embarazo.

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